El Partido Popular lleva más de un año cocinando los papeles de los 100 días. No son un folleto electoral de última hora: Alma Ezcurra, número tres del partido, ha coordinado un programa que saldrá público en los próximos días y que, según El Confidencial, incluirá un compromiso concreto: auditar todo el gasto, el funcionamiento de la Administración, los organismos públicos y las empresas del Estado. Cien días. No más.

La promesa tiene un trasfondo que va más allá del eslogan. Alberto Núñez Feijóo lo deja claro: sin abrir los libros, no hay forma de cumplir los compromisos de bajada de impuestos ni de blindar las pensiones al IPC. La auditoría no es retórica. Es la condición previa para cualquier otra cosa.

El diagnóstico que nadie quiso hacer

El contexto es el que es: cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, el grifo de los fondos europeos Next Generation cerrándose el 31 de diciembre de 2026, y la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, avisando sin ambages de que el próximo Gobierno llegará a Bruselas con los deberes sin hacer. Feijóo ya ha abierto la puerta a renegociar la senda fiscal con la Comisión Europea, lo cual, en cristiano, significa reconocer que el cuadro de cuentas que heredará no cuadra.

¿Cuánto exactamente? El propio Feijóo habló en abril de un posible ahorro superior a los 40.000 millones de euros una vez ejecutada la auditoría. Es una estimación política, no un resultado contrastado, pero da la medida del desorden que el PP espera encontrar. Y no es una hipérbole desconectada de la realidad: el propio Óscar Puente reconoció en el Congreso, antes de abandonar el cargo, que la ausencia de Presupuestos ha afectado directamente al mantenimiento de Adif. No hace falta irse lejos: los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz están en la memoria reciente.

El grifo sindical: 263% más que con Rajoy

La parte que más revuelo está generando —y la que explica que UGT y CCOO hayan presentado ya una proposición de ley para blindar su financiación— es la revisión de las subvenciones a los sindicatos mayoritarios. Según la información publicada, la dotación estatal a ambas organizaciones ha crecido un 263% respecto a la etapa de Rajoy. No un 20%, no un 50%. El 263%.

Feijóo no ha acusado a UGT ni a CCOO de irregularidad alguna. Lo que ha dicho, en Espejo Público ante Susanna Griso, es que quiere saber por qué esas subvenciones se han multiplicado por tres y por qué ese dinero no fue a conservar infraestructuras ferroviarias. Es una pregunta razonable. La respuesta, que nadie ha dado todavía, también lo sería.

El programa del PP contempla revisar ayudas, contratos y subvenciones de organismos y empresas públicas que no estén cumpliendo con su objetivo. Los que presenten indicios de fraude, a denuncia. Los que simplemente no sirvan para nada, a la papelera. Sin listados publicados aún, pero el mensaje está lanzado.

La huelga del 11-N complica el primer movimiento

El calendario añade tensión. El 11 de noviembre, con la campaña en pleno apogeo, está convocada la primera huelga general en catorce años. Feijóo ya ha avisado: si UGT y CCOO mantienen el paro en plena campaña, la interlocución con un eventual Gobierno del PP será difícil. No imposible, pero difícil.

Los sindicatos se han anticipado. La proposición de ley de Diálogo Social que presentaron hace meses tiene un objetivo nítido: que ningún Gobierno pueda tocar su financiación sin un marco legal que lo ampare. Es un movimiento defensivo antes de que suene el pistoletazo de salida. Los acuerdos PP-Vox en varias comunidades autónomas en 2026 ya incluían reducir al 50% las subvenciones a sindicatos, patronales y entidades privadas sin utilidad pública acreditada. Para Santiago Abascal, es línea roja en un eventual pacto nacional.

Dos presupuestos en 2027 y una amenaza en la manga

El calendario presupuestario que maneja el PP es ambicioso. Las conclusiones de la auditoría entrarían en el primer PGE, con la intención de presentar dos presupuestos en 2027: uno en primavera, priorizando la red ferroviaria tras los accidentes de Urda y Adamuz, y otro para 2028 antes del 30 de septiembre. Y para quien no se fíe de las promesas: Feijóo ha anunciado que incluirá en el programa la obligación de disolver las Cortes si acumula dos prórrogas presupuestarias consecutivas. Eso equivale a ponerse una pistola en la sien. Que funcione como incentivo o como epitafio, ya se verá.

Lo que no admite discusión es el punto de partida: España llega al 29-N sin cuentas aprobadas, con infraestructuras deterioradas, con fondos europeos que se acaban y con subvenciones que nadie ha auditado en años. La auditoría de los 100 días no es una promesa nueva, pero ahora tiene fecha, coordinadora y programa escrito. Si Feijóo gana el 29-N, el primer examen llegará antes de que acabe el invierno.