Sesenta y nueve personas murieron en el accidente de Urda. El dolor es real, el luto también. Pero en la derecha española, el duelo lleva una semana transformándose en otra cosa. Y este 4 de noviembre, Feijóo tuvo que salir a apagar el fuego que habían prendido los suyos.
El boicot que encendieron los barones
La cadena empezó con Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía y uno de los barones más visibles del PP. Un día después del accidente —el 29 de octubre—, dijo en público que él no viajaría en el AVE «ahora mismo», que la línea Madrid-Andalucía «no es segura» y que no se subirá «hasta que no sea revisada toda la línea». También reclamó limitar el precio de los transportes alternativos mientras la línea con Madrid permanezca cerrada.
Dos días después, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, siguió la estela. Él «tampoco» se subiría a un AVE. Y señaló la línea Madrid-Andalucía como la que «más problemas ha presentado». Solidaridad con las víctimas, decían todos. También una declaración en toda regla de que el sistema ferroviario de alta velocidad español no merece confianza.
Esta mañana, Santiago Abascal remató en Onda Cero: negarse a subir al tren no es oportunismo, es «responsabilidad». Por si alguien no lo había entendido del todo.
Mientras tanto, en el Congreso
Aquí viene la parte más reveladora del episodio. Mientras los dirigentes de la derecha competían en quién prometía más solemnemente no coger el tren, sus grupos parlamentarios tumbaron juntos en el Congreso —PP, Vox y Junts— el tope de precios en los transportes alternativos. Esa medida hubiera aliviado el bolsillo de quienes ahora tienen que coger el autobús o el avión porque la línea con Madrid lleva días cerrada.
El mensaje combinado resulta, como mínimo, llamativo: «El AVE es peligroso, no lo cojáis… pero los precios del autobús y el avión que los fije el mercado». Una postura que cuida los votos del miedo y los intereses del transporte alternativo al mismo tiempo, sin que nadie se lo explique a las familias que necesitan llegar a Madrid esta semana.
Feijóo intenta parar el incendio
Alberto Núñez Feijóo no estaba dispuesto a seguir ese camino. Primero en La Sexta, luego en Antena 3, el líder del PP fue directo: si manda el mensaje de que nadie suba a un AVE, está «apoyando el descrédito de nuestro país». Reconoció que entiende el «nudo en el estómago» de los usuarios. Dijo que volvería a subirse «por responsabilidad». Y dejó caer, sin nombrarlos, que sus compañeros de partido —y Abascal— han contribuido activamente a ese deterioro de imagen.
Conviene no confundir esto con un acercamiento al Gobierno. Feijóo no está defendiendo la gestión de nadie en materia de seguridad ferroviaria. Lo que hace es controlar daños: ve que el pánico al AVE se le ha escapado de las manos dentro de su propio partido y que, a pocas semanas del 29-N, la derecha corre el riesgo de quedar ante la opinión pública como el bloque que boicoteó el tren español.
Abascal no se lo tomó bien. Le llamó «irresponsable» por decirle a la gente que el sistema merece confianza «cuando no la merece». Y recurrió en Onda Cero a una imagen histórica potente: lo comparó con Fraga tirándose al mar en Palomares. En 1966, el ministro franquista Manuel Fraga se bañó frente a las costas de Almería para demostrar que el agua no estaba contaminada tras el accidente con cuatro bombas nucleares americanas. La comparación de Abascal lleva implícita una acusación seria: Feijóo actuaría como portavoz del poder para tapar una realidad peligrosa. Por responsabilidad, dijo Abascal, él haría exactamente lo contrario.
La comparación dice mucho de la estrategia de Vox. Para Abascal, afirmar que el sistema ferroviario español no es intrínsecamente inseguro equivale a hacerle el juego al Gobierno. Eso sí, ni él ni Moreno ni Almeida han explicado qué inversiones concretas exigen, qué protocolos cuestionan o qué fallos técnicos identifican. El debate se ha reducido a si suben o no suben, que es exactamente el terreno donde la gestión real de la tragedia desaparece del foco.
Los barones en silencio, el mapa roto
Moreno y Almeida, desautorizados públicamente por su propio jefe de filas, no habían respondido a cierre de esta edición. En política, el silencio también comunica.
El ya exministro de Transportes, Óscar Puente —que presentó su dimisión tras el accidente—, había calificado las palabras de Moreno de «profundamente irresponsables», no propias de un presidente autonómico ni de un representante institucional. Puente ya no está en el cargo. Carlos Cuerpo asume la cartera de Transportes de forma transitoria mientras el Gobierno recompone el equipo. La crisis ferroviaria sigue abierta y la investigación sobre lo ocurrido en Urda, también.
Lo que queda de esta jornada no es un debate riguroso sobre la seguridad ferroviaria. Es una pelea de la derecha consigo misma por ver quién capitaliza mejor el miedo. Moreno y Almeida eligieron el boicot como mensaje. Feijóo eligió frenar el boicot porque daña la imagen del país —y la suya propia de cara a las urnas—. Y Abascal eligió atacar a Feijóo por intentar frenar el boicot.
Ninguno ha explicado con detalle qué propuesta concreta tienen para mejorar la seguridad ferroviaria. Solo han hablado de si se subirían o no al tren. Como si eso importara más que las 69 personas que ya no pueden subirse a nada.