Despacho en Madrid. Caja fuerte. Joyas con rubíes, esmeraldas y diamantes. Y, cuando la Policía llama, una sola explicación: «Me las regaló el rey de Arabia Saudí». Eso es lo que sostiene José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional, casi dos décadas después de aquella visita oficial de 2007. El problema no es el relato. El problema es que, detrás del relato, no hay nada.
El argumento: regalo personal del rey Abdalá en La Moncloa
La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Víctor Moreno Catena, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —instancia superior al juez instructor José Luis Calama— en el que reitera la versión oficial: las piezas fueron un obsequio «estrictamente personal» del entonces rey Abdalá, entregado en La Moncloa durante una visita de Estado en 2007.
Hasta ahí, la historia. El problema es lo que falta: Zapatero no conserva documentos que acrediten el origen de las joyas, ni tampoco los estuches originales. El argumento de la defensa es que han pasado 19 años. Diecinueve años sin guardar un papel, una foto, un registro de protocolo, un correo, un acuse de recibo. Nada.
Cuando un ciudadano corriente compra un coche de segunda mano guarda la escritura. Un expresidente del Gobierno recibe joyas con rubíes, esmeraldas y diamantes de un rey extranjero y no conserva ni el estuche. Que cada uno saque sus conclusiones.
El contraste que el juez no pasa por alto: el reloj llegó a Patrimonio, las joyas no
El juez Calama lleva semanas subrayando un detalle que resulta difícil de ignorar. En esa misma visita del monarca saudí, Zapatero recibió otro regalo: un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas. Ese reloj sí fue entregado a Patrimonio del Estado, como exige el protocolo para los obsequios institucionales recibidos por altos cargos.
Las joyas, sin embargo, se quedaron en la caja fuerte del despacho del expresidente.
La defensa tiene respuesta para esto también: que el reloj y las joyas no se entregaron «en unidad de acto», ni en el mismo lugar, ni con el mismo carácter. Que las joyas eran un regalo personal y por eso quedaban fuera del Código de Buen Gobierno aplicable a los obsequios oficiales. Los letrados añaden que «nadie» usó nunca esas piezas y que Zapatero «ni se planteó» cuánto podían valer.
El juez, de momento, no ha dado esa distinción por válida. Y tiene sus razones para no hacerlo: que un alto cargo decida qué es «personal» y qué es «institucional» en un regalo recibido ejerciendo funciones oficiales no es un criterio que el Estado suela aceptar sin más.
Una «T» grabada en el metal y una orden policial
Mientras el debate jurídico sigue su curso, Calama ha dado un paso concreto en la investigación. Ha ordenado a la Policía Nacional que averigüe la identidad del autor de una marca grabada en el metal de los tres juegos de joyas más valiosos: una «T» mayúscula. Una inicial que podría conducir al fabricante y, desde ahí, al origen real de las piezas.
No es una prueba concluyente todavía. Pero es exactamente el tipo de hilo del que se tira en una instrucción cuando el relato oficial no cuadra con los indicios disponibles. Si la «T» lleva a un orfebre, y ese orfebre lleva a una fecha o a un encargo, la versión de «regalo espontáneo de un rey» podría complicarse bastante.
El recurso pide auxilio a Arabia Saudí. El juez ya dijo no una vez
La defensa ha pedido también que la Audiencia Nacional se dirija a las autoridades saudíes para que confirmen el origen de las joyas. Es una petición que tiene lógica desde el punto de vista de la defensa: si el rey Abdalá las regaló, que lo digan desde Riad.
El problema es que el juez Calama ya denegó esa misma petición en una primera ocasión. Ahora la defensa eleva el recurso a la Sala, que es quien tendrá que decidir si obliga o no al instructor a cursarla. Arabia Saudí, por el momento, no ha dicho nada.
Fraude fiscal, contrabando y la sombra de la malversación
Cuando la Policía encontró las joyas en mayo, el juez Calama no las incorporó sin más al expediente principal. Abrió una pieza separada para investigar presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando relacionados con las piezas: joyas de alto valor que nunca pasaron por ningún registro oficial, que no se declararon y que llevaban casi dos décadas en una caja fuerte.
Y hay más. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se atribuya también un delito de malversación «de ser cierta» la versión de que las piezas debían haber ido a Patrimonio del Estado. Es una cautela jurídica —la fiscalía no afirma que sea así, sino que plantea la hipótesis—, pero la petición ya está sobre la mesa del juez, que aún no se ha pronunciado sobre ella.
Conviene ser precisos: Zapatero no tiene ninguna condena firme por este asunto. La causa está en fase de instrucción. Lo que hay son indicios, piezas separadas, una marca grabada sin descifrar y una versión oficial que el juez no ha aceptado como definitiva.
El contexto: Plus Ultra y la red de influencias
Las joyas no son el único frente abierto ante el juez Calama. La causa principal investiga a Zapatero como supuesto «líder» de una red de tráfico de influencias que habría cobrado comisiones ilegales por intermediar con la Administración. Entre los asuntos bajo lupa figura el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de dinero público en 2021.
Son dos frentes distintos, dos piezas separadas dentro de la misma causa. Pero comparten denominador: la misma cultura de lo oral, lo informal, lo que no hace falta registrar. Lo que, cuando el juez pregunta, resulta que nadie recuerda, nadie conserva o nadie anotó.
Diecinueve años sin un papel. Joyas con diamantes en una caja fuerte. Y una «T» en el metal que la Policía tiene orden de descifrar. Así está el caso, y la instrucción continúa.