Para los españoles que recuerdan el llanto de Santiago de Compostela en 2013, el nombre de Urda ya forma parte de esa lista de lugares que nunca debieron ocurrir. Un choque entre trenes de Renfe e Iryo el 28 de octubre ha dejado al menos 69 muertos y al país en un luto oficial que no acaba hasta la medianoche de este 31 de octubre. Lo más perturbador no es solo la magnitud de la tragedia. Es que estamos aquí antes de que se haya cumplido un año del accidente de Adamuz, que se cobró cerca de cuarenta y seis vidas según las crónicas. Dos catástrofes. Una misma red. Un mismo Gobierno.

Dos accidentes, la misma pregunta sin responder

La investigación técnica y judicial sobre Urda sigue abierta. Nadie en su sano juicio debe adelantar conclusiones sobre la causa última del choque ni sobre responsabilidades penales que solo los peritos y los tribunales pueden establecer. Pero la responsabilidad política funciona con otras reglas: no espera sentencia firme, se mide en la gestión, en las decisiones tomadas y en las dejadas de tomar, en si quien dirige un servicio público lo hace con la diligencia que los ciudadanos merecen. Y ahí el Gobierno de Pedro Sánchez tiene mucho que explicar.

Feijóo no espera: dimisión o urnas

El lunes 30 de octubre, Alberto Núñez Feijóo se reunió con técnicos en la sede del PP y ofreció un diagnóstico preciso y una exigencia sin matices. Según sus palabras, en Urda fallaron varias capas de seguridad, hay un abandono de la cultura de la seguridad ferroviaria en España y una gestión deficiente que no ha corregido el sistema fallido que ya existía antes del accidente de Adamuz. Su conclusión: Óscar Puente debe dimitir por su gestión al frente del ministerio y por no haber sustituido ese sistema fallido. Y Pedro Sánchez debe dimitir por haberle nombrado, por haberle mantenido tras Adamuz y, según Feijóo, «con más motivo» tras Urda.

La portavoz del PP Ester Muñoz lo dijo sin rodeos en RNE: «Óscar Puente tiene que dimitir. No hay ningún español en este país que no lo piense.» El portavoz parlamentario Borja Sémper se sumó a la misma petición. La frase de Feijóo ya circula como consigna de campaña: «Si no dimiten, les dimitiremos en las urnas.»

Sánchez mantiene a Puente: el ministro como pararrayos

La respuesta de Moncloa ha sido el silencio activo y la continuidad táctica. Según informaciones de la Cadena SER, Puente puso su cargo a disposición del presidente y Sánchez rechazó su dimisión. El ministro comparecerá ante la Diputación Permanente el próximo martes 3 de noviembre a las 17:00, a petición propia y también de sus socios parlamentarios. La prioridad declarada del Gobierno es «dar la cara».

Dar la cara sin asumir consecuencias empieza a tener un nombre en política: parapeto. Incluso desde el espacio que apoya al Ejecutivo llegan señales de incomodidad. Ada Colau, desde el Frente Amplio, pidió a Moncloa la salida de Puente «lo antes posible». Maíllo, de Izquierda Unida, apuntó en la misma dirección. El cerco se estrecha, pero Sánchez sostiene a su ministro. La pregunta obvia es por qué. La respuesta probable: a un mes del 29-N, cesar a Puente equivaldría a admitir un fracaso de gestión que el PSOE no puede permitirse en plena campaña electoral.

Inauguraciones frente a mantenimiento: el debate que nadie quiere dar

Los compromisos anunciados por el PP apuntan a algo más profundo que el relevo de un ministro: transparencia sobre causas y responsables, investigación sobre los fallos de seguridad y los posibles recortes que los provocaron, refuerzo real de Renfe y Adif sin propaganda, prioridad al mantenimiento sobre las obras nuevas y un reseteo de la red que garantice que la seguridad precede al kilómetro de nueva vía inaugurada.

Este debate lleva años pendiente en España. Tenemos una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, construida a un ritmo que ha sido motivo de orgullo institucional durante décadas. Pero una red solo merece ese orgullo si funciona con seguridad. Las inauguraciones se aplauden en los telediarios; el mantenimiento preventivo no sale en ninguno. Esa asimetría tiene un coste, y en Urda ese coste lo han pagado decenas de familias que merecían llegar a su destino.

La responsabilidad política no espera al juez

Que la causa técnica esté abierta no exonera al Gobierno de responder por su gestión. Son planos distintos que los ciudadanos tienen todo el derecho a exigir por separado. Los investigadores dirán en su momento qué falló en las vías, en la señalización o en los protocolos operativos. Eso llevará tiempo. Pero si un ministro de Transportes lleva en el cargo durante dos accidentes graves de alta velocidad en menos de doce meses, la pregunta sobre su idoneidad política no puede esperar al informe pericial.

España vota el 29 de noviembre. Pedro Sánchez tiene derecho a defender su gestión y a mantener a su equipo. Lo que no puede hacer es pedir que se aplace el juicio político hasta después de las elecciones, porque ese juicio lo emiten los ciudadanos en las urnas, y para eso están precisamente. Feijóo se lo ha recordado con una claridad que, en este caso, resulta difícil de rebatir.

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