Alberto Núñez Feijóo entró en la Cadena SER con una misión clara: aparcar el fantasma del recorte de pensiones antes de que la precampaña se lo coma. Frente a Aimar Bretos prometió actualizarlas cada año con el IPC, garantizarlas también para los jóvenes y reactivar el Pacto de Toledo con sindicatos, patronal y partidos. No por decreto, dijo. Por mesa.
El mensaje busca dos públicos a la vez. Al jubilado, tranquilidad. Al votante que oyó a Ester Muñoz hablar de un sistema que «va a petar», un cortafuegos: el candidato firma con nombre propio que no habrá congelación ni tijera unilateral. «Mi compromiso personal… consiste en actualizar anualmente las pensiones conforme al IPC y en garantizar la viabilidad de las pensiones para los jóvenes», repitió.
La contraposición con Cuerpo
Feijóo no se limitó a prometer. Contrapuso su palabra a lo que, según él, reconoció el ministro y vicepresidente primero Carlos Cuerpo sobre tensiones de sostenibilidad, cotizaciones y edad efectiva de jubilación. «Este es el diagnóstico del señor Cuerpo, que tiene más credibilidad que el señor Sánchez», lanzó, en un intento de presentar las dudas sobre el sistema como un problema abierto desde el propio Gobierno, no como una invención de Génova.
Desde el Ejecutivo y medios críticos se niega esa lectura: Cuerpo ha sostenido en otras intervenciones que la sostenibilidad está garantizada, y Newtral y otros verificadores han acotado qué dijo y qué no sobre cotizaciones y edad. El dato político, sin embargo, ya está en el aire: el PP quiere que el debate de las pensiones se dispute como gestión de riesgo real, no como tabú.
Por eso Feijóo empuja el Pacto de Toledo. Quiere sentar a CCOO, UGT, CEOE y partidos y pedirles propuestas «respecto a la situación real». Es una forma de compartir el coste de cualquier ajuste futuro sin cargar solo con la etiqueta de recorte. También es una forma de decir que ocho años de Gobierno no han cerrado el expediente.
SMI, IRPF y el «buen negocio» del Estado
La otra pata económica de la entrevista fue el salario mínimo. Feijóo evitó una cifra mágica y desplazó el foco: su objetivo no es solo subir el SMI, sino el salario medio y el poder adquisitivo. Prometió volver a la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios, frente a subidas que, dijo, se pactaron sobre todo con la parte sindical.
Ahí llegó el tropezón. Al hablar de tributación, Bretos le recordó que el SMI no está sujeto al IRPF en los términos que parecía sugerir. Feijóo matizó después en redes: todo incremento del SMI quedará exento «por ley y automáticamente», y acusó al «sanchismo» de un «lamentable espectáculo» entre Hacienda y Trabajo. Yolanda Díaz y Elma Saiz le acusaron de mentir o desinformar; el candidato insistió en el choque interno del Gobierno sobre la exención.
En paralelo, Feijóo cargó contra el coste de la vida: la vivienda, dijo, ha subido un 33% más que la media salarial y la cesta de la compra un 44% más. Acusó al Ejecutivo de quedarse con cerca del 30% de las subidas de rentas del trabajo vía impuestos y cotizaciones. «Sánchez ha hecho un buen negocio», resumió el marco de campaña: el Estado gana, la nómina no tanto.
Deuda, hucha y lo que sí se puede contrastar
También habló de deuda: España entre los países más endeudados y un incremento del entorno del 44% —casi 600.000 millones— bajo Sánchez, con intereses que se llevan decenas de miles de millones. Newtral matiza el ranking: en volumen absoluto España no es el tercero de Europa; en porcentaje del PIB baja a la quinta posición tras Grecia, Italia, Francia y Bélgica. El crecimiento en millones es real; la foto relativa, menos dramática de lo que suena en un titular de mitin.
Sobre la hucha de las pensiones, Feijóo ensalzó el legado de Aznar. Los datos del Fondo de Reserva marcan el pico en 2011, con 66.815 millones, bajo Zapatero; Aznar dejó saldos menores al salir de Moncloa. Es un matiz histórico que no borra el argumento político del PP —equilibrio y previsión—, pero sí obliga a no convertir la nostalgia en contabilidad.
En vivienda, el candidato repitió la promesa de un millón de casas, movilizar suelo y leyes de suelo, antiocupación y propiedad horizontal en los primeros 100 días. Presenta la crisis habitacional como «la crisis social más importante» generada por un presidente. Es el segundo ancla de su oferta económica, junto a pensiones y salarios.
Lo que queda después del micro
La entrevista de la SER no cierra el programa económico del PP. Abre un contrato electoral: IPC para pensionistas, diálogo para reformar, SMI con exención automática y crecimiento «sano» sin dopar con deuda. Los huecos son evidentes —cuánto SMI, qué medidas exactas de Toledo, qué calendario del millón de viviendas—, y la oposición los explotará.
Pero el movimiento de Feijóo es legible. Quiere llegar al 29-N sin el cartel de tijera social y con el cartel de auditor del Estado. Si gana, el Pacto de Toledo será el escenario donde se mida si la «viabilidad» era método o eufemismo. Si pierde, la SER quedará como el día en que intentó blindar el voto mayor y el del trabajador con la misma frase: el IPC no se toca; lo demás, a la mesa.