La financiación autonómica se va a septiembre: todos piden dinero, nadie quiere pagar el coste político

La reforma de la financiación autonómica acaba de recibir una patada hasta septiembre. Hacienda ha aplazado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debía celebrarse esta semana para abordar el nuevo modelo, después de que las comunidades gobernadas por el PP pidieran más tiempo y más información. En limpio: el Gobierno quería acelerar una pieza central para 2027; los barones populares han levantado la mano; y el tablero territorial vuelve a donde casi siempre, al forcejeo entre dinero, agravios y calendario electoral.

Según El País y elDiario.es, la reunión queda pospuesta al 4 de septiembre. Las comunidades del PP alegan falta de transparencia, escaso margen para estudiar la documentación y dudas sobre una propuesta que, a su juicio, nace demasiado condicionada por el pacto entre el Gobierno y ERC. Hacienda responde que lleva meses ofreciendo diálogo y que acepta el aplazamiento por “buena voluntad”, aunque deja caer el reproche clásico: que los territorios populares antepongan los intereses ciudadanos a los dictados de Génova.

La cifra que explica la pelea es enorme. La propuesta del Ministerio de Hacienda habla de cerca de 21.000 millones adicionales para las comunidades autónomas en 2027. No es una discusión de salón. Es dinero para sanidad, educación, dependencia, servicios sociales y margen presupuestario regional. Por eso cada gobierno autonómico intenta aparecer como defensor de su territorio y cada partido nacional busca que el coste del bloqueo lo pague el adversario.

El Gobierno, sobre el papel, no necesitaba una rebelión de las comunidades populares para sacar adelante el trámite en el CPFF. Según elDiario.es, con Cataluña y Canarias tenía los votos suficientes dentro del órgano. El problema real vendría después, en las Cortes, donde la fragmentación parlamentaria convierte cualquier reforma de calado en una mudanza con ascensor averiado: todos dicen que hay que cambiar de casa, pero nadie quiere cargar con los muebles del vecino.

La derecha tiene un argumento comprensible: una reforma de financiación no se despacha con prisas de final de julio, menos aún si afecta al reparto de recursos de toda la década. Si faltan datos, pedir más tiempo no es sabotaje; es prudencia institucional. La sospecha legítima aparece cuando el aplazamiento encaja demasiado bien con una estrategia de desgaste al Gobierno y con el rechazo frontal a cualquier pieza que huela a pacto con ERC.

La izquierda también debería evitar su propia comodidad. Presentar el aplazamiento como simple “boicot del PP” tapa una parte del problema: el sistema lleva caducado años y la propuesta llega atravesada por la política catalana. Si el modelo es bueno para todos, Hacienda tendrá que demostrarlo con números claros comunidad por comunidad, no con apelaciones genéricas al Estado del bienestar ni con bronca de pasillo.

Canarias se ha convertido en el ejemplo que el Gobierno enseña para decir que el acuerdo es posible. El Ejecutivo canario, con Coalición Canaria y PP, apoyó la propuesta tras ver reconocidas sus singularidades y hablar de unos 1.300 millones más al año para servicios esenciales, según recoge elDiario.es. Para Moncloa es una prueba de flexibilidad. Para otros territorios, una señal de que cada cual intentará arrancar su propio plus antes de firmar.

Septiembre no resolverá por arte de magia el choque. Solo cambiará el calor por la calculadora. Si Hacienda llega con datos abiertos, comparables y entendibles, el PP tendrá más difícil esconderse detrás del “no hay información”. Si llega con propaganda, los populares tendrán servida la coartada. Mientras tanto, los ciudadanos escuchan una discusión técnica que en realidad se traduce en algo muy simple: cuánto dinero llega a su centro de salud, a su colegio y a la lista de espera de dependencia.