La Fiscalía Anticorrupción ya no se conforma con el capítulo fiscal y de contrabando. En un escrito de unas 50 páginas, pide que la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero sume un delito de malversación de caudales públicos por las joyas halladas en su despacho. El argumento es seco: si fueron un regalo institucional al presidente, no eran suyas para guardarlas en una caja fuerte.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no ha dictado aún esa ampliación. Sí ha pedido a Patrimonio del Estado, en un plazo de dos días, el acta de 1 de marzo de 2012 con los obsequios institucionales de las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011. Quiere papeles antes de decidir si manda —o no— la comisión rogatoria a Arabia Saudí que reclama la defensa.
La trampa de la propia versión
Según The Objective, La Vanguardia y laSexta, la fiscal Elena Lorente sostiene que el propio relato de Zapatero abre la puerta a la malversación. El expresidente ha apuntado a un regalo del rey saudí en 2007, cuando ocupaba Moncloa. Anticorrupción replica: los bienes recibidos como obsequio institucional debían incorporarse al Patrimonio del Estado. Otros regalos —incluido un reloj de sobremesa del mismo monarca— sí se entregaron en 2012. Las joyas, no.
“De ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación”, resume el ministerio público. No es un veredicto. Es una hipótesis acusatoria construida sobre la explicación del investigado: si eran cortesía institucional de alto valor, el destino correcto no era la caja fuerte privada.
Prescripción, pena y Código de Buen Gobierno
Anticorrupción sostiene que el delito no está prescrito. Sitúa la recepción en 2007 y la exclusión del listado de Patrimonio en 2012; con el subtipo agravado por el valor de lo sustraído baraja un plazo de 15 años y sitúa el horizonte de prescripción hacia el 1 de marzo de 2027. Habla de penas que, en el marco del artículo 432 del Código Penal, pueden alcanzar hasta ocho años de prisión y una inhabilitación larga (el relato mediático cita hasta 20 años en el tramo agravado).
La fiscal recuerda, además, que fue el Gobierno de Zapatero el que impulsó en 2005 el Código de Buen Gobierno: los altos cargos debían rechazar regalos que condicione el cargo y los obsequios institucionales de mayor significación debían ir al patrimonio público. El contraste político se escribe solo; el contraste jurídico lo tiene que resolver el juez.
Qué hay en la caja y qué pide cada parte
El 19 de mayo, la UDEF halló más de un centenar de joyas y relojes en el despacho del expresidente. Una tasación inicial de Joyería Ansonera cifró el ajuar en unos 1,3 millones de euros, lo que activó la pieza de delitos fiscales y contrabando. Zapatero ha hablado en TVE de “regalo de cortesía personal”, de posible “error” y de ausencia de “afán patrimonial”. Pidió una comisión rogatoria a Arabia Saudí para apuntalar el origen.
La Fiscalía se opone: la considera “injustificada y dudosamente operante”. Dice que el foco no está en Riad, sino en la sede de la Presidencia del Gobierno, donde —según la propia defensa— se entregaron las piezas. Calama, de momento, ni abre del todo ni cierra: pide el acta de Patrimonio y mantiene abierta la puerta a un nuevo informe gemológico (Joyería Yanes) sobre descripción, metales, gemas y posible origen geográfico de las piezas de más valor.
Precampaña y límite de lo que se puede afirmar
El caso se mueve en el mismo expediente Plus Ultra donde Zapatero ya figura investigado por una presunta estructura de influencias en torno al rescate de la aerolínea. Eso no convierte las joyas en prueba de ese otro relato. Tampoco convierte el escrito de Anticorrupción en condena. Lo que sí hace, a 37 días del 29-N, es reabrir el debate sobre regalos, moncloa y memoria selectiva del poder: no como chisme de salón, sino como pieza judicial con números, plazos y un acta de 2012 sobre la mesa.
Quien quiera titular de linchamiento, que espere sentencia. Quien quiera titular de absolución preventiva, también. Hoy solo hay un hecho editorial sólido: la Fiscalía pide malversación y el juez reclama el inventario público de obsequios antes de mover ficha.