Cuando Hacienda publica sus cifras de déficit, la tentación es quedarse con el número grande y titular con él. Esta semana lo hemos visto otra vez: 31.183 millones de euros, el 1,75% del PIB hasta agosto. Ahí está el titular. El problema es que ese número solo cuenta una parte de la historia, y no precisamente la más cómoda para quienes viven del catastrofismo fiscal.
Para empezar, conviene aclarar qué es exactamente ese 1,75%. Es el déficit consolidado de la Administración Central, las comunidades autónomas y los fondos de la Seguridad Social. Sin los ayuntamientos, que se publican aparte. Un solo número que suma realidades muy distintas. Y cuando lo desglosas, el panorama cambia bastante.
La Seguridad Social lleva meses haciendo caja
El dato que más cuesta encontrar en los grandes titulares es este: los fondos de la Seguridad Social acumulan un superávit de 10.915 millones de euros hasta agosto, el 0,61% del PIB. Un año antes, en el mismo periodo, estaban en el 0,44%. Es decir, ha mejorado, y de forma notable.
Si lo miras por partes: el sistema de la Seguridad Social en sentido estricto lleva 7.584 millones en positivo, un 86,7% más que hace un año. El SEPE, el organismo que gestiona el desempleo, suma otros 3.448 millones de superávit. Solo el FOGASA, el fondo de garantía salarial, está en negativo: 117 millones, aunque el año pasado tenía 209 millones en positivo.
¿Por qué sube tanto el superávit de la Seguridad Social? Porque hay más gente cotizando. Las afiliaciones crecen un 3,1% de media interanual. Las cotizaciones del sistema llegaron a 125.989 millones, un 7,6% más que el año anterior. Y la pensión media en agosto alcanzó los 1.373,44 euros, un 4,6% más. Más empleo, más cotizaciones, más ingresos, pensiones que suben. El sistema funciona cuando el mercado laboral funciona.
Las comunidades, prácticamente en tablas
Otro dato que se pierde en el ruido: las comunidades autónomas han reducido su déficit un 97,6% en los primeros ocho meses del año. Prácticamente han llegado al equilibrio presupuestario. El conjunto de las CCAA no es, en este momento, el problema de las cuentas públicas españolas.
Esto tiene su importancia política. Desde algunos sectores se lleva tiempo señalando a los gobiernos autonómicos como fuente de desequilibrio y de gasto descontrolado. Los números de este año dicen lo contrario. Sea cual sea el color político de cada comunidad, el resultado agregado es casi empate a cero.
El Estado sí tiene un agujero. Pero no todo es gasto corriente
Que la Seguridad Social y las comunidades estén bien no quita que el Estado central tenga un déficit real y relevante. Hasta septiembre, el déficit del Estado asciende a 39.034 millones, el 2,19% del PIB. Ese número existe, es grande, y no hay que esconderlo ni minimizarlo.
Pero el contexto importa. El propio Ministerio de Hacienda señala que si se descuentan los gastos extraordinarios ligados a la DANA, las inundaciones, la guerra en Oriente Medio y la crisis migratoria, el déficit del Estado se quedaría en el 1,75% del PIB. Son choques imprevistos que no forman parte del gasto estructural ordinario y que el ministerio separa expresamente del análisis de fondo.
No es una trampa contable: separar el gasto extraordinario del estructural es lo que hacen los sistemas estadísticos europeos cuando quieren evaluar la salud fiscal real de un país. La pregunta legítima es si esas partidas extraordinarias van a repetirse año tras año. Eso, de momento, no lo sabe nadie con certeza. Pero descartarlas sin más es también una decisión política disfrazada de rigor.
Los ingresos suben, pero el gasto sube más
Lo que dicen los números con claridad es que los ingresos fiscales están creciendo con fuerza. Los recursos no financieros del Estado hasta septiembre suman 247.062 millones, un 9,3% más que el año anterior. Los impuestos tiran: el IVA alcanza 86.209 millones (+6,9%), el IRPF sube a 58.223 millones (+18,1%) y el Impuesto de Sociedades llega a 26.979 millones (+7%). No es una economía que recaude mal.
El problema está en el lado del gasto. Los empleos no financieros del Estado suman 286.096 millones, un 11,3% más. Pero hay un detalle que se omite casi siempre: la mayor partida con diferencia son las transferencias entre administraciones públicas, 176.267 millones, el 61,6% del gasto total. Una parte muy significativa de lo que el Estado central "gasta" no lo consume él: acaba en manos de comunidades autónomas, ayuntamientos y la propia Seguridad Social. Es el mecanismo de redistribución territorial que todos dicen defender y que nadie quiere financiar en serio.
El déficit primario también mejora
Hay un indicador que suele quedar sepultado bajo el ruido mediático: el déficit primario, que es el déficit real descontando los intereses que se pagan por la deuda acumulada. Ese déficit primario del conjunto de las administraciones sin locales cayó un 21,4% en los primeros ocho meses: de 2.666 millones en 2025 a 2.095 millones en 2026. Es la carga de los intereses lo que engrosa el déficit total, no un descontrol del gasto ordinario. Pagar la deuda heredada sale caro. Eso tampoco es noticia nueva.
¿Y Bruselas?
Algunos analistas y medios han apuntado esta semana que España podría estar acercándose al límite de la senda de déficit acordada con la Unión Europea para 2026. Es una hipótesis que merece seguimiento y que no conviene ignorar. Pero conviene ser muy precisos: a día de hoy no hay ninguna sanción confirmada ni ningún procedimiento abierto de la Comisión Europea contra España. Son avisos y proyecciones de analistas, no hechos cerrados. Tratarlos como condena firme sería informar mal.
Lo que sí es cierto es que el Gobierno lleva años sin poder aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ordinarios, lo que limita la capacidad de planificación y ajuste fiscal a largo plazo. Esa es la restricción política real detrás de muchas de estas cifras: no es que el Estado no sepa lo que tiene que hacer, es que no tiene los apoyos parlamentarios para hacerlo con normalidad.
La foto fiscal de España en 2026 no es de colapso, pero tampoco es para echar cohetes. La Seguridad Social funciona y acumula superávit récord, las comunidades han ajustado sus cuentas hasta casi el equilibrio y los ingresos fiscales crecen con fuerza. El déficit del Estado central existe, es relevante y hay que tomárselo en serio. Pero leerlo sin el resto de la foto, como si fuera el único número que importa, no es rigor. Es otra cosa.