Hay ministerios que heredan problemas. El de Transportes heredó algo más concreto: una mochila judicial que pesa más de 537 millones de euros. Y el momento no podía ser peor. Justo cuando la seguridad ferroviaria copa todos los titulares tras los accidentes de Urda y Adamuz, la Audiencia Nacional sigue pasando el peine a contratos de obra pública de la etapa anterior que presuntamente huelen a amaño.
El número que lo dice todo: 537,2 millones bajo sospecha
Según informa ABC este domingo 1 de noviembre, la justicia revisa adjudicaciones vinculadas al Ministerio de Transportes por más de 500 millones de euros. La cifra concreta que maneja el Tribunal Supremo en el auto del magistrado Leopoldo Puente, fechado el 30 de junio de 2025, es de 537,2 millones de euros en contratos de Adif y de la Dirección General de Carreteras adjudicados presuntamente en condiciones irregulares durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio.
Once expedientes de obra en total bajo la lupa. Anticorrupción, más selectiva, ha centrado sus diligencias en seis de ellos. Todos comparten un denominador común: la presunta sombra de los investigados sobre las adjudicaciones.
Los nombres señalados por la investigación
La Audiencia Nacional investiga adjudicaciones a Acciona Construcción. También aparecen en la causa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Directivos de estas tres empresas figuran como investigados, según la información publicada por ABC.
Al frente de Adif y de Carreteras durante ese periodo estaban Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero. Los dos están investigados en la causa que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.
La investigación se entrelaza además con la causa del Tribunal Supremo contra el propio Ábalos, donde el intermediario Víctor de Aldama ha declarado sobre presuntos tratos de favor y adjudicaciones dirigidas. Según ABC, Aldama habría apuntado también a la influencia de Santos Cerdán en contratos del norte —lo que algunos llaman el 'cupo vasco' de obra pública—. Son indicios recogidos en la causa, no hechos probados.
Cerdán, Servinabar y el patrimonio que se investiga
El nombre de Santos Cerdán aparece de manera llamativa en esta historia. Según la investigación, habría poseído cerca del 50% de Servinabar, empresa que participó en una UTE junto a Acciona en algunas de las adjudicaciones bajo sospecha. También se investiga un posible incremento patrimonial de Cerdán y su familia entre 2014 y julio de 2021, fecha en que Ábalos dejó el ministerio.
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente, en su auto de junio de 2025 al enviar a Cerdán a prisión preventiva, estimó a título indiciario que una comisión de aproximadamente el 1% sobre los contratos sospechosos equivaldría a unos cinco millones de euros. El propio auto reconoce que ese porcentaje sería "aún muy contenido" comparado con otras operaciones de corrupción conocidas, y deja abierta la posibilidad de que haya más beneficiarios. Importante: es una estimación provisional del auto, no una cantidad probada ni ingresada en ninguna cuenta acreditada.
El informe de la UCO: 620.000 euros en presuntas mordidas
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fechado el 12 de junio de 2025 y citado por ABC, pone cifras sobre la mesa. Según los agentes, habrían identificado alrededor de 620.000 euros gestionados presuntamente para el pago de comisiones ilícitas.
De esa cantidad, unos 550.000 euros estarían vinculados a dos contratos de Acciona en Murcia: el soterramiento de la red arterial ferroviaria, adjudicado por unos 159 millones de euros, y la plataforma del corredor mediterráneo en el tramo Pulpí-Vera (Murcia-Almería), por unos 121 millones. Otros 70.000 euros aparecen vinculados a Koldo García Izaguirre, aunque sin expediente concreto identificado.
Y no sería todo. Según el mismo informe, estaban previstos otros 450.000 euros adicionales ligados a tres adjudicaciones más de Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. Dinero que, presuntamente, estaba en el horizonte cuando la investigación intervino.
Un matiz clave: la condena de Ábalos es por otra causa
No hay que confundir causas judiciales, y aquí la confusión sería un error serio. José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo, sí. Pero esa condena corresponde al caso Mascarillas, una pieza judicial diferente e independiente. La investigación sobre los contratos de obra pública de Transportes sigue su propio curso por separado. Son dos frentes penales distintos sobre el mismo actor político. Mezclarlos no es rigor; es ruido.
El ministerio que Puente no puede limpiar solo con discursos
Óscar Puente no está imputado en ninguna de estas causas. Es el ministro actual y no se le puede señalar por lo que no es responsable judicialmente. Pero sí es el titular de un ministerio que arrastra una historia de adjudicaciones bajo sospecha que no desaparece con el cambio de gobierno ni con el cambio de nombre en la puerta del despacho.
La semana pasada, el presidente Sánchez reconocía públicamente que la confianza en el sistema ferroviario está "quebrada" tras los accidentes de Urda y Adamuz. Tiene razón. Aunque quizá la grieta no es solo técnica ni se explica únicamente con incidencias en las vías.
Cuando un ministerio arrastra años de adjudicaciones bajo sospecha por cientos de millones, cuando los directivos de las empresas que construyen sus infraestructuras están investigados, cuando los exresponsables de Adif y Carreteras tienen que dar explicaciones ante un juez, la confianza no se rompe de golpe. Se erosiona despacio. Y los accidentes son el momento en que el ciudadano mira al techo y recuerda todo lo que se ha acumulado debajo.
La investigación judicial seguirá adelante. Los indicios están sobre la mesa. Lo que queda en el aire es si alguien en el ministerio ha hecho algo concreto para ordenar la casa, o si han preferido esperar a que los jueces terminen el trabajo.