Sin escaño y con colchón: 52 días de sueldo mientras el país vota

Las Cortes están disueltas desde el 5 de octubre. Las urnas, el 29 de noviembre. Y en medio, una pregunta que huele a metro y a precampaña: ¿qué cobra quien ya no tiene escaño? La respuesta, documentada por Prensa Ibérica, no es “nada”. Es un colchón. Se llama indemnización por transición.

No es un invento de tuit. El Congreso habilita, para los diputados que no están en la Diputación Permanente, el equivalente a 52 días de sueldo: desde el día de la convocatoria hasta el día anterior a las elecciones. Se paga de una vez. Y la base no es simbólica: la asignación constitucional ronda los 3.366 euros mensuales para todos, más complementos de Mesa, portavocías o comisiones que hinchan la nómina de quien mandaba de verdad en el hemiciclo.

Tres velocidades, un mismo escudo

Hay tres escenarios. Quien sigue en la Diputación Permanente —el órgano que mantiene el parlamento vivo con las cámaras disueltas— sigue cobrando como si no hubiera pasado nada. El resto puede optar a esa paga de transición. Y quien se va del todo tiene además una indemnización por cese tipo “despido”: un mes por año, con tope de 24 mensualidades, incompatible con otro sueldo. La creencia popular de la “paga vitalicia” no cuadra con el reglamento; el privilegio real es más prosaico y más actual: un puente de renta mientras el país vota.

La propia información subraya límites: la transición es incompatible con otra nómina pública, con actividad privada retribuida o con pensión de jubilación. El plazo para elegir —según el reportaje de este domingo— cerraba este miércoles. Eso importa. No borra el contraste. En el mismo país donde un contrato temporal se corta sin 52 días de sueldo parlamentarizado, la clase política diseña su propia red de seguridad electoral.

El marco progresista no pide linchamiento: pide simetría

Desde la izquierda el problema no es que exista una transición ordenada —nadie serio defiende dejar a un exdiputado en la calle el mismo viernes de la disolución—. El problema es la asimetría: mientras se habla de precariedad, de vivienda y de sueldos que no llegan a fin de mes, el Congreso normaliza un puente retributivo completo, con complementos incluidos, y una Diputación Permanente que no pierde el ritmo de nómina. Transparencia, techos claros y comparación con el Estatuto de los Trabajadores no son “anticortes”; son higiene democrática en precampaña.

Las Corts valencianas, por cierto, han montado su propio “paro” de diputados —asignación reglamentaria de unos 2.678 euros al mes, máximo dos años, solo tras legislatura y media y sin otra prestación—. Entró en vigor el verano pasado y nadie lo ha cobrado aún porque hace falta disolver la cámara. El mapa institucional español no improvisa: protege la salida del cargo. La pregunta de 29-N es si esa protección se explica con la misma energía con la que se predica el ajuste al resto.

Qué cambia y qué no

Cambia el foco: no es rumor de barra, es régimen retributivo de transición con cifras y plazos. No cambia, por sí solo, el resultado del 29-N ni convierte cada diputado en un rentista de por vida. Cambia el listón del debate: si la política quiere hablar de dignidad laboral, tiene que mirar primero el espejo del escaño vacío… y de la cuenta que lo acompaña.