La Junta Electoral Central no ha tumbado el barómetro del CIS. Ha hecho algo más molesto para Moncloa en plena precampaña: ha dicho, negro sobre blanco, que el organismo que dirige José Félix Tezanos vulneró la ley electoral al no facilitar al PP, en plazo, los datos del estudio de octubre.
No es un tuit de Génova. Es un acuerdo del árbitro del proceso. Y llega cuando el CIS dibujaba un escenario de ensueño para el PSOE: 34% de estimación de voto frente al 22,2% del PP, una brecha de 11,8 puntos publicada el 14 de octubre.
Qué ha resuelto exactamente la JEC
La denuncia del Partido Popular se estima parcialmente. La Junta concluye que el CIS incumplió el artículo 69.8 de la LOREG —el que obliga a los organismos públicos que hacen encuestas en periodo electoral a informar a las formaciones concurrentes en los plazos previstos, en la práctica en las 48 horas siguientes— y la instrucción de la propia JEC sobre sondeos de febrero de 2024.
El acuerdo ordena al presidente del CIS dos cosas muy concretas:
- que durante el resto del periodo electoral se abstenga de repetir actuaciones como la examinada;
- que facilite «en cuanto sea posible» toda la información solicitada relativa al Estudio 3584 Preelectoral elecciones generales 2026.
Lo que el PP pedía y no obtiene: un expediente sancionador contra Tezanos. La Junta lo desestima por «escasa entidad de la infracción» y porque, a su juicio, no se han puesto «seriamente en cuestión» los fines de transparencia e igualdad del proceso. Es decir: hay vulneración, hay orden de entrega y hay advertencia… pero no hay castigo personal.
La pelea de fondo: la cocina a la vista
El PP no se quejaba solo de un retraso burocrático. Reclamaba la metodología desagregada —la famosa «cocina»— para auditar cómo se construye un resultado que, una vez más, se desvía del resto de demoscópicas privadas. La JEC no sentencia que el 34% sea falso. Sí dice que el CIS jugó fuera de plazo con la información que la ley obliga a compartir cuando hay urnas a la vista.
En campaña, eso no es un detalle de archivo. Es ventaja informativa: quien controla el instituto público y retrasa los microdatos deja al rival mirando el titular sin poder desmontar la letra pequeña. Génova lo traduce en acusación de manipulación grosera y amenaza con la destitución «fulminante» de Tezanos si llega a Moncloa. El PSOE, en el relato contrario, vende el CIS como termómetro legítimo y a la denuncia como nervios de oposición.
El mismo día, más tarjetas amarillas
La misma reunión de la Junta también dejó otros flecos: pidió a Onda Cero que no redifunda un fragmento en el que Borja Sémper pedía el voto al PP antes del arranque oficial de campaña —incumplimiento del artículo 53 LOREG, sin expediente al portavoz— y desestimó una petición de Vox sobre el control de defunciones en el censo CERA. El mensaje de fondo es el mismo: el reloj electoral ya está en marcha y el árbitro saca cartulinas a diestro y siniestro.
Por qué importa de verdad
A un mes del 29-N, la credibilidad del CIS no es un debate de salón. Es infraestructura democrática. Un organismo público que publica ventaja de casi doce puntos y se retrasa en entregar la base del estudio alimenta la sospecha de que el Estado demoscópico juega de local. La JEC, al constatar la vulneración sin sancionar, deja un malestar a medias: reconoce la falta y evita el escarmiento.
La derecha lo leerá como prueba de impunidad blanda. La izquierda, como ruido de campaña. Los hechos, de momento, son más estrechos y más duros: hubo incumplimiento legal, hay orden de entregar los datos y el barómetro más favorable al Gobierno llega con tarjeta amarilla del árbitro electoral.