Madrid no discute si hacen falta centros de datos. Discute quién paga la factura verde y quién se queda sin el enchufe. La Comunidad ha pedido audiencia ante el Consejo de Estado contra el real decreto del Gobierno sobre data centers y pone cifras sobre la mesa: hasta 26.000 millones de inversión y más de 14.000 empleos en riesgo en la región.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, no se anda con eufemismos. Dice que el borrador sigue siendo discriminatorio, no arregla la inseguridad jurídica y empujará proyectos a otros países europeos con reglas menos asfixxiantes. “No habrá economía digital sin centros de datos”, resume. Traducción política: Moncloa vende soberanía tecnológica mientras pone un grillete energético a la infraestructura que la hace posible.
Qué ha cambiado en el decreto — y qué no
El Gobierno remitió el lunes al Consejo de Estado una versión revisada. Suaviza parte de las exigencias renovables iniciales, pero mete un peaje gordo: acogerse al sistema SRAP, la reducción automática de potencia. En la práctica, Red Eléctrica podría desconectar estas instalaciones sin indemnización. El sector lo interpreta como un “apágalo tú y arréglatelas”.
Madrid insiste en la aritmética básica. Un centro de datos funciona las 24 horas. Las renovables, en bruto, no cubren ese reloj. Cumplir la correlación horaria y el listón de renovables —el Gobierno habla de operar con al menos un 80% renovable— obligaría, según la Comunidad, a sobredimensionar generación y almacenamiento, con más coste eléctrico y más vertidos. López-Valverde añade otra molestia: proyectos estratégicos europeos, como la gigafactoría de IA, tendrían un trato más favorable que la industria ordinaria de data centers.
La industria, por su lado, avisa de la paradoja. Si te pueden cortar la red sin pagar, la alternativa de continuidad son generadores diésel. Es decir: una norma que presume de sostenibilidad empujaría a quemar gasóleo para no caerse. También critican el régimen sancionador —hasta perder acceso y conexión— y la tramitación de urgencia para un calendario de adaptación de años.
Aagesen vende anticipación; Madrid vende empleo
Sara Aagesen defiende justo lo contrario del relato madrileño. En el Foro Solar presentó el real decreto como propuesta “ambiciosa” y “anticipatoria”, mirando a holandas, irlandas y estados de EE.UU. que ya han chocado con el agua, la red y el precio de la luz. Habla de sostenibilidad energética e hídrica, soberanía digital e impulso a solar y almacenamiento. Quiere competitividad “para todos”: hogares, industria e inversores.
El choque es de modelo. El Gobierno prioriza que el boom de servidores no se coma el sistema eléctrico ni el agua barata. Madrid prioriza no espantar capital en la región que más concentra demanda digital. Ambos pueden tener parte de razón técnica. Lo que no cuadra en precampaña es vender a la vez “España hub de IA” y un marco que el principal polo de inversión lee como huida de capital.
El Consejo de Estado no gobierna, pero sí pesa. Si tumba o corrige piezas clave, Moncloa tendrá que reescribir. Si avala el texto y el Consejo de Ministros lo aprueba casi igual, el sector ya habla de tribunales por reserva de ley. Mientras, el reloj político corre hacia el 29-N: cada retraso es incertidumbre; cada guiño renovable sin red suficiente es riesgo de apagón industrial a cámara lenta.
La derecha territorial lo formula sin adornos. No se trata de negar el clima. Se trata de no diseñar la descarbonización a costa de desconectar la economía que debería financiarla. Si el decreto sale como está, Madrid dice que el mapa de servidores se redibujará fuera. Y entonces la soberanía digital se quedará en eslogan con la luz apagada.