Hay blindajes que se notan en el BOE y blindajes que se notan en el papel membretado de la Abogacía del Estado. Según El Mundo, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González —hombre de la máxima confianza de Fernando Grande-Marlaska— sigue disfrutando de representación pública del Estado en una querella criminal, pese a haber dejado el cargo tras una imputación por agresión sexual a una compañera.
El detalle no es cosmética jurídica. Es el termómetro de cómo Interior reparte escudos cuando la cúpula se ve salpicada.
Una querella, un informe borrado y un comisario sin plaza
La querella la interpuso el comisario principal Tomás González de la Oliva contra el ex DAO y contra el director de la Policía, Francisco Pardo. El origen del conflicto es político y operativo a la vez: González de la Oliva respaldó la actuación policial en Cataluña tras la sentencia del 1-O; su parecer colisionó con el de José Ángel González. Desde entonces, según el relato publicado, no se le ha asignado un puesto acorde a su categoría.
El comisario denuncia la desaparición de un informe favorable que le permitía recuperar su categoría profesional después de ser apartado de la jefatura de la UDEV. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos, incorporado a la causa, apunta a que se habría accedido desde la Dirección General de la Policía al sistema informático para borrar ese documento. La magistrada investiga posibles delitos de prevaricación, abuso de atribuciones, acoso e infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Mientras eso se instruye, González cuenta con la Abogacía del Estado. Interior, contactado por el periódico, declinó hacer valoraciones.
La doble vara: sexo mediático sí, represalia interna no
Aquí llega el contraste que convierte el caso en problema de Estado y no en pelea de escalafón. En la causa por la presunta agresión sexual a una compañera en servicio, al ex DAO se le retiró de inmediato la representación de la Abogacía del Estado. En la querella del comisario represaliado, se le mantiene.
Fuentes policiales citadas por El Mundo atribuyen la diferencia al carácter «mediático» del caso sexual. Traducción menos elegante: cuando hay focos, se corta el cordón umbilical del Estado; cuando el conflicto es de carrera profesional y de un informe que desaparece del ordenador, el paraguas sigue abierto.
No es un matiz menor. La Abogacía del Estado no es un favor entre amigos: es recurso público, doctrina y mensaje interno. Si el ex número dos operativo sigue litigando con abogado del Estado después de dimitir, el ministerio está diciendo a la casa que hay trayectorias que se protegen más que otras.
Un TSJM que ya habló y un Interior que mira a otro lado
El 2 de diciembre de 2025 quedó firme una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: la Dirección General de la Policía vulneró el derecho a una carrera profesional de González de la Oliva, le mantuvo en comisión de servicios «de forma ilegal y contra su voluntad» y «cercenó» su derecho a la carrera horizontal. El tribunal condenó a restablecerlo en la categoría de comisario principal.
El 9 de abril, según fuentes presenciales, el nuevo DAO José Luis Santafé se comprometió en una reunión a asignarle una plaza conforme a su categoría. No se produjo. El comisario recurrió hasta tres veces por escrito al ministro del Interior «haciendo éste caso omiso». Llegó al Defensor del Pueblo, que admitió la queja. En cinco años ha pedido 44 vacantes. Ninguna prosperó.
Santafé, el día de su toma de posesión el 12 de marzo de 2026, prometió investigar abusos e irregularidades «hasta sus últimas consecuencias» y priorizar a las víctimas. El expediente del comisario principal es el test de si eso era protocolo o eslogan.
Qué implica en precampaña
Marlaska aupó a José Ángel González al escalón más alto de la Policía. Ahora, con el ministro en funciones y las urnas del 29-N a la vista, el caso resume una acusación clásica de la derecha policial y judicial: la lealtad de cúpula pesa más que la sentencia firme y más que el escalafón.
Nadie está condenado en la querella del informe borrado. Nadie debería inventar delitos donde hay instrucción abierta. Pero los hechos publicados bastan para una pregunta incómoda: ¿por qué el Estado paga defensa al ex DAO en el choque con un comisario al que un tribunal ya reconoció agravio, y se la retira solo cuando el escándalo es sexual y mediático?
Si la respuesta es «prioridad de víctimas» en un caso y silencio administrativo en el otro, el problema no es solo José Ángel González. Es el criterio con el que Interior decide a quién cubre el paraguas del Estado cuando la Policía se pelea consigo misma.