Hay tragedias que no se archivan con un titular. La dana del 29 de octubre de 2024 dejó 232 muertos, sobre todo en la provincia de Valencia. Casi dos años después, Carlos Mazón vuelve este lunes al Congreso. No es la primera vez: ya pasó por la comisión el 17 de noviembre. Es la segunda. Y eso, en política, suele significar una cosa simple: la primera no bastó.
La mesa de la comisión, con mayoría de PSOE y Sumar, ha vuelto a citar al expresident de la Generalitat a las 11:00. En la misma jornada también está convocado Emilio Argüeso, el que fue secretario autonómico de Emergencias. Él sí está imputado en la causa penal. Mazón, de momento, no: mantiene el aforamiento porque sigue con escaño en Les Corts. Esa diferencia no es un detalle de pasillo. Es el mapa real del poder y de la responsabilidad.
Lo que los grupos quieren reabrir no es solo el relato de “yo no mandé apagar la alerta”. Quieren los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell el día de la riada. Según lo aportado a la causa por la vicepresidenta primera valenciana, Susana Camarero, a primera hora Mazón animó a sus consellers a “inundar de datos a los medios” porque eso daba una “sensación de estar alerta que te cagas”. Comunicación en modo sirena. El problema es qué pasó cuando el agua ya no era metáfora.
La secuencia que dibujan esos mensajes es incómoda para cualquiera que haya vivido una emergencia de verdad: mucha actividad al principio, centrada en la foto pública, y un apagón de intensidad cuando la situación se agrava. En las horas decisivas, el chat se enfría. La calle, no. Ahí es donde la política deja de ser narrativa y se convierte en reloj: minutos, avisos, teléfonos, vidas.
En paralelo, la defensa de Mazón ha intentado acotar el terreno penal. El 1 de septiembre su abogado pidió al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que concretara si había línea de investigación abierta contra él o, si no, que lo dejara por escrito. El escrito sostiene que no consta prueba de que ordenara enviar —ni paralizar— el ES-Alert, y analiza 42 fallecimientos para negar un “nexo causal individualizado” con una acción suya. Algunas muertes, dice, fueron después de las 20:11, cuando el aviso masivo sí salió a los móviles.
La jueza no le dio el atajo que buscaba. Recordó que un aforado no se “sobreseé” en ese juzgado como si fuera un investigado ordinario, que Mazón no está formalmente investigado en la causa y que su tesis exculpatoria puede tener efectos sobre la situación de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y Emergencias, que sí está imputada. En castellano de metro: no es lo mismo pedir que te borren del cuadro que demostrar que el cuadro no existe.
Mientras tanto, las víctimas no van al Congreso a hacer turismo institucional. Las tres asociaciones principales —Associació de Víctimes de la Dana 29 d’octubre 2024, Asociación de Víctimas Mortales 29-O y Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana de Valencia— se concentran de 10:30 a 11:30 para la llegada de Mazón y vuelven a las 15:30 por Argüeso. Su mensaje es seco y repetido porque todavía no se ha cumplido: verdad, justicia y reparación.
Desde la izquierda institucional y social, el foco no es castigar por castigar. Es impedir que la mayor catástrofe reciente se convierta en un concurso de relatos. Si la comisión sirve de algo, tiene que servir para fijar una cadena de decisiones: quién mandaba, quién sabía, quién avisó tarde, quién priorizó la “sensación” mediática frente a la protección real. El aforamiento protege el escaño; no debería proteger el olvido.
Mazón llegará con su versión. Argüeso llegará con la mochila judicial a cuestas. Las familias llegarán con nombres propios. Y el Congreso, si no quiere hacer el ridículo, tendrá que elegir entre el teatro de la repetición y el trabajo sucio de las preguntas incómodas. La dana ya ocurrió. Lo que aún se decide es si la responsabilidad se diluye en el chat o se escribe en el acta.