Este martes, en Madrid, vuelve a subastarse no solo mobiliario: se subasta el relato. La familia Martínez-Bordiú Franco saca a puja 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, con precios de salida desde 20 hasta 5.000 euros, en Magna Art Auctions. Hay bargueños, porcelanas, consolas, maquetas náuticas, retratos del dictador y hasta una fotografía dedicada de Juan Carlos I en 1970. El espectáculo está servido. La pregunta útil es otra: qué ha reclamado ya el Estado y qué no.
Fuentes del Ministerio de Cultura precisan a Europa Press —y recoge La Vanguardia— que los bienes que salen a subasta son aquellos que el Estado no ha reclamado. El departamento no adelanta si ejercerá derecho de tanteo: hacerlo en público, dicen, podría alterar el mercado. El director de la casa de subastas sostiene que la operación cuenta con garantías y supervisión de la Abogacía del Estado y de la Xunta, y resume el catálogo con una frase que molesta a media España: “Son recuerdos. Todo lo importante se ha quedado en el Pazo de Meirás”.
Eso no cierra el debate jurídico. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña pide inspecciones para verificar si algún bien es de dominio público o está protegido. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha cargado contra la familia. El conselleiro de Cultura de la Xunta dice que estarán “atentos” si los técnicos detectan interés patrimonial. Hasta aquí, hechos y posiciones. Nadie ha demostrado en esta pieza que el catálogo entero sea ilegal; nadie puede fingir que la puja es un simple mercadillo de salón.
Desde la derecha liberal-conservadora el caso se lee distinto al eslogan de “Franco vuelve”. El Estado ya libró —y ganó en buena medida— la batalla por recuperar el pazo como bien de interés público. Si ahora se subastan enseres que la Administración no ha incluido en su reclamación, convertir cada plato y cada marco en arma de precampaña del 29-N es memoria selectiva: útil para movilizar, floja para gobernar patrimonio. La memoria democrática no se mide en likes sobre un lote de 80 euros.
Tampoco vale el cinismo inverso. Si hay piezas dudosas, el Estado y la Xunta tienen herramientas: inspección, tanteo, protección. Usarlas con criterio técnico es lo serio. Usar la subasta solo como combustible identitario —a un mes vista de las urnas— es otra forma de no resolver el inventario. España no necesita más fotos de gavelas para Twitter; necesita un criterio estable sobre qué es público, qué es privado residual y qué merece museo.
La puja de las 17:00 pondrá precio a objetos. El precio político lo pondrán quienes prefieran el escándalo permanente a cerrar el expediente con reglas claras. Después de recuperar Meirás, el Estado no puede vivir eternamente de la indignación por lo que ya decidió no reclamar… ni mirar hacia otro lado si mañana aparece un lote que sí debía haber quedado fuera del martillo.
El catálogo, con lotes desde una pareja de lámparas a 20 euros hasta una pintura del círculo de Luis Tristán a 5.000, mezcla menaje doméstico y piezas con carga simbólica. Eso no convierte automáticamente cada objeto en patrimonio público. Tampoco convierte a la familia en narradora inocente de un “cierre de trastero”. El punto medio factual es el que da Cultura: se subasta lo no reclamado; el Estado se reserva herramientas y no hace marketing previo del tanteo.
En precampaña, la tentación de ambos bandos es obvia. La izquierda usará la gabela como recordatorio de impunidad simbólica. La derecha usará la misma gabela como prueba de acoso memorialista eterno. Ninguna de las dos lecturas sustituye un inventario técnico cerrado. Meirás ya es lugar de memoria democrática en el BOE. Lo que falta no es otra bronca de Twitter: es aplicar ese estatuto con criterios de museo, no de mitin.