Medio millón de ciudadanos se enterarán esta semana de que el 29-N les toca mesa

Mientras los partidos afinan mensajes y los comunicados de precampaña se acumulan en los feeds, este sábado ha arrancado silenciosamente el proceso que hace posible que el 29 de noviembre haya elecciones de verdad. Desde hoy y hasta el 4 de noviembre, los ayuntamientos de toda España celebran el sorteo público de miembros de mesa electoral. Sin cámaras, sin ruido, con un padrón y un bombo. Así funciona la democracia cuando nadie la mira.

549.000 personas que no se ofrecieron voluntarias

El sorteo de esta semana va a convocar a 549.297 personas entre titulares y suplentes para cubrir las 61.033 mesas electorales previstas para el 29-N. Son unas 700 mesas más que en las generales del 23J y unos 6.000 ciudadanos más llamados a ejercer una obligación cívica que, para muchos, llegará por carta sin haberla pedido.

La mecánica es conocida pero conviene recordarla: cada mesa necesita un presidente y dos vocales. El sorteo designa además dos suplentes por cada uno de esos puestos, lo que eleva a nueve el número de personas designadas por mesa. Todos ellos —titulares y suplentes incluidos— deben presentarse en el colegio electoral a las 8:00 de la mañana del domingo 29 de noviembre.

Entra en el sorteo cualquier persona censada en la sección que tenga menos de 70 años y sepa leer y escribir. A partir de los 65 se puede renunciar dentro del plazo de siete días. Quedan fuera los candidatos y quienes cumplan 18 años entre la formación de listas y el día de la votación. Para presidir una mesa se exige además Bachillerato, FP2 o Graduado Escolar o equivalente.

La notificación llega en días, la excusa tiene plazo

Tras el sorteo, los ayuntamientos tienen tres días para notificar a los designados, con un manual de instrucciones incluido. El calendario oficial de la Junta Electoral Central sitúa ese periodo hasta aproximadamente el 7 de noviembre. Un retraso en la notificación no invalida el nombramiento, así que conviene no contar con ese margen como vía de escape.

Quien quiera alegar una excusa tiene siete días desde la notificación para presentarla ante la Junta Electoral de Zona. La ley contempla causas como enfermedad, circunstancias familiares graves o un viaje contratado antes de la convocatoria cuya cancelación suponga un perjuicio económico o trastorno grave, siempre con documentación acreditativa. No basta con decir que uno tiene planes: hay que probarlo.

Y no cumplir sin causa legítima no es una opción menor. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé para quienes incumplan sin justificación penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

75 euros y cinco horas: lo que paga la democracia

La compensación existe, aunque nadie va a hacerse rico. La dieta fijada para el 29-N es de 75 euros, cinco más que en las generales de julio de 2023. Quien trabaje ese domingo tiene permiso retribuido para ejercer sus funciones en la mesa y, al día siguiente, se le reconoce una reducción de cinco horas en su jornada laboral.

Es, en suma, el sueldo de un día para una jornada que empieza a las 8:00 y puede alargarse hasta bien entrada la tarde según el escrutinio. No es una carga insoportable, pero tampoco es un voluntariado: el Estado reconoce formalmente que le está pidiendo a alguien que interrumpa su fin de semana para que las urnas funcionen.

La máquina que nadie aplaude

Hay algo que se pierde en la cobertura de las elecciones. Los informativos registran los mítines, los escándalos, los deslices de campaña y las encuestas que se contradicen entre sí. Lo que apenas ocupa tiempo es esto: una infraestructura cívica que moviliza a más de medio millón de ciudadanos en unos días, que los forma mínimamente, que los sienta en una mesa y que les confía el recuento de los votos de su sección. Todo eso sin coste de imagen para ningún partido, sin foto, sin aplauso.

Que haya 61.033 mesas previstas —unas 700 más que en la última cita electoral— significa que el censo crece y que el Estado acompaña ese crecimiento. El censo del 29-N ronda los 38,7 millones de personas llamadas a votar. Cada una de esas personas tiene garantizado su voto, en parte, gracias a los nueve designados que estarán ahí ese domingo sin habérselo pedido nadie.

La democracia no es solo el mitin ni el debate televisado ni el tuit con más retuits. También es esto: un sorteo que empieza este sábado en los ayuntamientos de España y que, sin espectáculo ni cobertura en directo, pone en marcha la parte más material y más igualitaria del proceso electoral. La que no falla porque no le da la gana. La que funciona porque hay gente ordinaria que cumple.