En plena precampaña del 29-N, el juez Santiago Pedraz ha dejado por escrito lo que Ferraz prefería diluir en trámites: la investigación del caso Cloacas no se pausa porque haya mitines. Este viernes 23 de octubre, el instructor de la Audiencia Nacional dio al PSOE un máximo de 15 días para aportar, «sin más demora» y sin condicionarlo a gestiones propias, la documentación sobre letrados y consultores contratados entre 2021 y 2025.
No es el primer toque. Hubo requerimientos el 6 y el 21 de octubre. La respuesta del partido —según el relato coincidente de ABC, El Mundo y El Correo— mezcló tres escudos: el secreto profesional abogado-cliente, la laboriosidad de reunir papeles dispersos y… que ahora están ocupados con las elecciones. Como bonus, una consulta al Consejo General de la Abogacía Española.
El juez corta el truco del “ya lo miramos”
Pedraz no compra el paquete. Dice, en esencia, que admitir ese calendario equivaldría a poner la instrucción a merced de un procedimiento ajeno promovido por el propio requerido. La consulta a la Abogacía, subraya, carece de efecto suspensivo: ninguna norma permite paralizar una diligencia firme con una iniciativa corporativa unilateral. Traducción clara: no se investiga al ritmo del CGAE ni del comité de campaña.
Sobre el secreto profesional, el magistrado recuerda que su auto del 6 de octubre ya delimitó el alcance y excluyó lo genuinamente confidencial. Lo que no cuela es la invocación genérica e indiscriminada sobre “toda” la documentación. Si hay papeles protegidos, hay que señalarlos uno a uno y justificarlos. El secreto cubre estrategia, consejo y comunicaciones íntimas abogado-cliente; no convierte en tabú la mera contratación ni la comprobación de si esos letrados hacían trabajo real para el partido.
Por qué importan esos contratos
El Mundo sitúa el interés instructor en una sospecha investigativa —no en un hecho juzgado—: que determinados letrados imputados pudieran haber servido de vía para canalizar fondos hacia la fontanera Leire Díez. Insistamos en el matiz: es línea de pesquisa reportada, no condena. Precisamente por eso la justicia pide papeles de contratación y no un sermón sobre “secreto” a manta.
Ferraz también alegó archivos dispersos entre órganos y sedes. Pedraz responde que eso es un problema de organización interna del requerido. No prevalece frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia. Los 15 días son margen, no indulto procesal.
Campaña sí; opacidad no
Desde esta mesa el patrón es familiar: cuando el calendario electoral aprieta, la colaboración con el juzgado se vuelve “compleja”. El instructor contesta que quien recibe un requerimiento no elige si la diligencia es proporcional ni la aparca hasta después del 29-N. Dirigir la investigación corresponde al juzgado; cumplirla, al partido.
Nadie está condenado en esta providencia. Lo que sí queda retratado es un estilo: retrasar, generalizar el secreto y externalizar la pausa a la Abogacía. Pedraz ha puesto fecha. Quince días. Sin más demora. Veremos si Ferraz entrega listados precisos… o si la próxima pieza del caso Cloacas vuelve a ser otra excusa con membrete.