En España no falta litigiosidad. Faltan sillas. El Gobierno ha impulsado por urgencia dos reales decretos que crean 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027: un +7,8% de planta judicial y un +6,6% en el ministerio fiscal. No es un tuit de campaña. Es aritmética de despacho: más asuntos, más cola, y un Estado que o refuerza o se ríe de quien espera sentencia.
El País adelantó la decisión con fuentes de Justicia; moncloa.com la dio por aprobada a mediados de octubre. El reparto no es un reparto de cromos. 172 plazas van a lo civil, 109 a lo social, 69 a lo penal. Hay 11 para Violencia sobre la Mujer y 6 para violencia contra la infancia. Andalucía y Catalunya se llevan 94 jueces cada una; Madrid, 74; la Comunitat Valenciana, 53. En fiscales, Catalunya suma 47 (+9,9%). Quien litiga en esos territorios ya sabe por qué.
Justicia barata no es justicia mala
Justicia defiende que la Ley de Eficiencia de 2025 —tribunales de instancia, oficina única— permite crear una plaza por unos 100.000 euros frente a los 500.000 del modelo unipersonal antiguo. Las 500 plazas saldrían por unos 55 millones, no por 260. Traducción de metro: o se paga la cola en años de retraso o se paga en nómina de jueces. La izquierda elige lo segundo y lo dice sin sonrojo.
Hay quien verá “colocación preelectoral”. El calendario es incómodo, sí: urnas el 29-N y plazas con efecto en 2027. Pero el BOE de junio ya sacó la mayor oposición reciente (375 jueces y 200 fiscales) y el Poder Judicial abrió 125 plazas de magistrados por cuarto turno. Esto no nace el día que Sánchez convoca. Nace de años de atasco en civil y social, exactamente donde la gente se juega el piso, el despido y la pensión de alimentos.
El filtro del CGPJ y el papel mojado
Los decretos no encienden luces en los juzgados mañana. Tienen que pasar por CGPJ, Fiscalía, comunidades con competencia y TSJ antes de publicarse del todo. Sin BOE y sin cobertura real, la ampliación se queda en titular. Eso también hay que contarlo. No es magia: es trámite. Pero el marco progresista es claro: un Estado que no dota la planta judicial está pidiendo a la ciudadanía que se conforme con la lentitud como destino.
Ocho presidencias liberadas de Tribunales de Instancia en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid no son adorno. Son señal de que el mapa judicial se redibuja donde la carga aprieta. Mientras la derecha hable de “lawfare” y de jueces como tropa, la pregunta de izquierda es más prosaica: ¿cuántos asuntos por juez son demasiados para llamar a esto un Estado de derecho usable?
Qué cambia y qué no
Cambia el compromiso de refuerzo estructural —cifras, territorios, coste unitario— documentado por Justicia y la prensa. No cambia, todavía, la sentencia que tienes en el cajón ni el milagro de cubrir 700 plazas el mismo día del BOE. Cambia la hoja de ruta. Y en precampaña, una hoja de ruta con jueces y fiscales no es un adorno: es decirle al votante que la justicia no se defiende solo en el mitin, se defiende en la plantilla.