En política hay dos formas de ganar un órgano de control. Una: convencer a la gente y que el reparto de sillones refleje lo que salió de las urnas. Otra: cambiar la ley a toda prisa para que el reparto te siga gustando. En Andalucía, PP y Vox han elegido la segunda.
Según El Mundo, ambos grupos han registrado en el Parlamento andaluz una proposición de ley para reformar la norma de la Cámara de Cuentas —la que fiscaliza fondos y contratos públicos— y tramitarla por urgencia. El objetivo político, tal como lo describen las crónicas, es claro: que en la renovación prevista para principios de 2027 no entre un consejero de Adelante Andalucía y que el bloque de la derecha conserve mayoría y mando.
El órgano que mira el dinero no es decorado
La Cámara de Cuentas no reparte medallas. Revisa cómo se gasta lo de todos. Por eso duele cuando se toca su composición con prisas de taller clandestino. Adelante Andalucía, que pasó de 2 a 8 escaños en las andaluzas del 17 de mayo, lo resume sin anestesia: quieren evitar que el resultado electoral se note donde se controla al poder.
El portavoz José Ignacio García habla de «atraco a mano armada», anuncia recurso ante el Tribunal Constitucional si la reforma sale y pide a la Mesa que active ya la renovación de consejeros según el reglamento vigente —dos meses antes del fin de mandato— para que no se aplique la ley nueva. Si no, también amenaza con amparo. El mensaje es simple: no me cambies las reglas a mitad de partida porque no te gusta el marcador.
Vox lo dice sin maquillaje
La portavoz adjunta de Vox, Paula Badanelli, no se esconde detrás de jerga técnica: la reforma busca que «un gobierno con mayoría mantenga la mayoría» y evita un supuesto «bloqueo». Traducción de metro: si mandamos, controlamos también al controlador. El problema es que un órgano de fiscalización no es un botones del Ejecutivo ni un club de amigos del grupo mayoritario.
Desde el PSOE-A, María Márquez suma el mismo frente: irán «a donde haga falta», incluido el Constitucional, y pregunta si esta era la «vía andaluza» de Moreno Bonilla —volar consensos y pluralidad—. Da igual el eslogan autonómico: aquí el choque es de manual. Quien gana elecciones quiere blindar el reloj de la fiscalización antes de que la oposición se siente a mirar contratos del SAS, turismo o lo que toque.
Por qué importa fuera de Sevilla
Esto no es un lío de pasillo andaluz. Es un patrón que se repite cuando la derecha suma escaños y la izquierda gana representación nueva: tocar el hardware de los contrapesos antes de que el nuevo mapa se traduzca en sillas. En precampaña del 29-N, el ensayo andaluz sirve de trailer nacional. Si el órgano que audita se rediseña para no oír a quien acaba de crecer en las urnas, el control deja de ser control y se convierte en eco.
Nadie está obligado a regalar mayorías a la oposición. Sí está obligado a no convertir la renovación de un fiscalizador en un truco de magia legislativa exprés. PP y Vox tienen los votos para intentarlo. Adelante y el PSOE tienen el Constitucional como cortafuegos. El reloj, de momento, corre a favor de quien redactó la proposición.
Lo que no cambia: alguien tiene que mirar los contratos. La pelea de hoy es quién se sienta a mirar y con qué pluralidad. Y eso, aunque suene a boletín oficial, es política de primera división.