El reloj del Senado no perdona: el plazo para registrar candidaturas vence este lunes 26 de octubre. PP y Vox apuran las horas para un entendimiento electoral en la Cámara Alta. No es un capricho de despacho. Es la respuesta a una aritmética que, si se ignora, regala escaños y, con ellos, capacidad de bloquear o desbloquear la próxima legislatura.
La dirección popular admite que el acuerdo «aún no está maduro». Vox guarda silencio operativo y pide no adelantar acontecimientos. Eso no anula el fondo: ambas formaciones exploran cómo dejar de regalar representación a la izquierda en un sistema hecho a medida de los dos primeros.
El detonante: el «Senado de Progreso»
El movimiento no nace del vacío. El pacto del PSOE con Frente Amplio y fuerzas territoriales para concurrir juntos al Senado —bajo la marca de un «Senado de Progreso», con excepciones en Cataluña y Canarias según la cronología publicada— fue el aviso. La izquierda entendió que la Cámara Alta ya no es un salón de actos. La derecha, tarde o temprano, tenía que decidir si competía dividida o si hacía ingeniería de listas.
Abascal fue el primero en tender la mano en público. También aprovechó para marcar contraste: ellos, dijo, no querían «el espectáculo» de negociaciones a gritos. La discreción no es virtud moral; es táctica. Cuanto menos se filtre, menos margen de reacción le queda al otro bloque antes de que se cierre el censo de candidaturas.
Dos fórmulas, una misma aritmética
Sobre la mesa han circulado, al menos, dos vías. La primera: que Vox no presente candidatura en determinadas provincias y el PP reserve uno de los tres puestos de la terna a un perfil próximo a los de Abascal, integrado en la papeleta popular. La segunda: que el PP compense después con senadores por designación autonómica tras las elecciones autonómicas de mayo de 2027, como ya ocurrió en pactos de Extremadura, Aragón y Andalucía. Hoy Vox suma cinco senadores gracias a cesiones de ese tipo.
El dato que pesa en Génova es brutalmente simple. En 2023, Vox superó los 7,2 millones de votos al Senado y se quedó sin escaño electo. El reparto habitual —tres para el más votado y uno para el segundo— castiga al tercero aunque mueva un ejército de papeletas. Pedir pureza de listas separadas en ese marco no es heroicidad: es regalía.
Por qué importan los tres quintos
El 29-N se eligen 209 senadores de forma directa; más tarde se suman 58 por designación de los parlamentos autonómicos. Más allá del escaño, lo que se discute es umbral: mayoría absoluta y, si se puede, tres quintos, la llave que pesa en renovaciones y nombramientos de órganos institucionales, entre ellos el Tribunal Constitucional. Quien controle o condicione esa Cámara no «decora» la legislatura: la condiciona.
Feijóo ha admitido que llegó a barajarse incluso que el PP renunciara en provincias donde históricamente no logra senador —el histórico catalán suele citarse—; él mismo ha calificado esa vía de «desactualizada». La preferencia de Génova sigue siendo la inversa: que se retire Vox en algunos territorios y, si lo hace, «lo lógico es que el PP corresponda a ese gesto». Todavía sin mapa público de provincias. Todavía sin firma. Pero con el reloj en la mesa.
No es sectarismo: es no regalar el tablero
Habrá quien denuncie un «pacto opaco». La opacidad es discutible; la necesidad, menos. Si la izquierda coaliga el Senado para blindar una mayoría de bloqueo, la derecha que se presente a trozos convierte el 3+1 en una trampa autoimpuesta. Se puede debatir el precio que pague Vox por retirarse y el precio que pague el PP por integrar o ceder. Lo que no se sostiene es fingir que el sistema electoral premia la pureza ideológica del tercero.
A horas del cierre de listas, el primer roce público entre PP y Vox ya asoma en titulares. Da igual: el fondo no es el roce. El fondo es si la Cámara Alta vuelve a ser un pasillo irrelevante o la primera batalla institucional de la legislatura. El lunes lo dirá el registro. El 29-N, las urnas. Y el resto, los tres quintos.