Hay números que explican mejor un partido que mil mítines. El PSOE prevé recaudar en donaciones de 2026 apenas 49.250 euros. Es la estimación más baja desde que Pedro Sánchez fue reelegido secretario general, según las cuentas internas presentadas por la gerente Ana María Fuentes a la Comisión Ejecutiva Federal y recopiladas por El Mundo desde 2017.
El desplome no es cosmética. Respecto a 2025, la caída es del 57%. Y si se mira el año de la pandemia, 2020, cuando el partido declaró unos 840.000 euros en donaciones, la previsión actual es 17 veces inferior. Justo ese 2020 es el que aparece en el radar judicial por el supuesto «pitufeo»: donaciones legales de particulares que, según la investigación de la Audiencia Nacional a partir de testimonios como el de Víctor de Aldama, podrían haber canalizado comisiones. El PSOE lo niega y habla de una campaña excepcional ligada a la vacuna. La negación existe. La sombra, también.
La serie histórica duele. Entre 2017 y 2023, la media de donaciones rondó los 330.000 euros. En 2023 aún entraron 284.854. En 2024, con el caso Koldo ya en portada, 133.500. En 2025, con Santos Cerdán solo media temporada como secretario de Organización, 113.897. Ahora Ferraz presupuesta menos de 50.000. Ni siquiera llega al tope legal que un solo ciudadano puede aportar a un partido en un año. Eso no es austeridad virtuosa: es el termómetro de la desconfianza.
Mientras las donaciones se hunden, el aparato se agarra al Estado. El PSOE prevé ingresos totales de 59,9 millones (+0,03%), con subida del 5,31% en subvenciones autonómicas y 9,9 millones de aportaciones de cargos públicos (+4,73%). De las cuotas de afiliados espera 9,58 millones, un 2,47% menos. Es decir: más dinero de ministros, alcaldes y altos cargos que de la militancia de base. El partido gana cuando manda. Pierde oxígeno cuando la calle deja de firmar cheques.
El presupuesto interno sigue en superávit —más de ocho millones esperados, por debajo de los 12,7 de 2025— con unos 51,48 millones de gasto. Hay casi medio millón reservado a impuesto de beneficios, más de un millón en servicios jurídicos y 1,5 millones en «remuneración de agentes independientes». La gerenta que firma la prudencia presupuestaria está, además, imputada por el escándalo de los pagos a la trama de Leire Díez. El Tribunal de Cuentas ha entregado a la Audiencia un pendrive con donantes; el propio PSOE ha facilitado listados. Ismael Moreno indaga posible caja B; Santiago Pedraz, pagos irregulares para desestabilizar investigaciones.
Nada de eso equivale, todavía, a una condena por financiación ilegal del partido. Conviene no convertir la instrucción en sentencia. Pero tampoco hace falta: las propias cuentas de Ferraz ya cuentan la historia política. Cuando cae el grifo privado y sube la dependencia de subvenciones y sueldos públicos, el mensaje es brutalmente simple. El PSOE se financia cada vez más del poder que ocupa y cada vez menos de la confianza voluntaria de quien pone dinero de su bolsillo.
Sánchez presume de «striptease» contable. Bien. El striptease muestra un partido con superávit, poca donación ciudadana y una nube judicial encima de la caja. Eso no se arregla con otra foto de unidad. Se arregla con explicaciones verificables, donantes creíbles y menos tramas alrededor de la sede. Mientras tanto, 49.250 euros no son solo una partida. Son el recibo de la sospecha.