La precampaña del 29-N no solo se pelea en los atriles. También se pelea en la habitación de un estudiante que no encuentra piso a precio humano. El Gobierno ha puesto sobre la mesa un paquete de 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias y un nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario: siete proyectos maduros, cerca de 2.000 plazas nuevas en campus públicos y un marco de derechos que actualiza el de 2010.
No es la gran ley de vivienda que tumbaron en el Congreso. Es otra pieza del mismo tablero: si el alquiler se come la matrícula, la universidad deja de ser ascensor y se convierte en peaje.
Dónde van los 45 millones
Según el reparto adelantado por el Ejecutivo y recogido por la prensa, la primera fase no es un cajón vacío. Hay proyectos con cifra:
- Universidad Autónoma de Madrid: 13,36 millones
- Campus de Albacete (UCLM): 8,19 millones
- Universidad Pablo de Olavide (Sevilla): 6,5 millones
- Universidad de Burgos: 5,94 millones
- Jaume I de Castellón: 4,45 millones
- Universidad de Jaén: 3,56 millones
- Ayuntamiento de Lleida: 2,97 millones
En total, unos 45 millones para poner en marcha plazas a precios asequibles para estudiantes y, en el discurso oficial, también para profesorado. Pedro Sánchez lo enmarcó sin rodeos: «la universidad no es inmune al problema de la vivienda». Cuando un alumno no puede vivir donde quiere estudiar, el mérito se queda en el andén.
El estatuto que llega 16 años después
Junto al dinero de las residencias, Moncloa ha impulsado la actualización del Estatuto del Estudiantado Universitario. El texto, consensuado con la CRUE, el CEUNE y la CREUP, reconoce con más nitidez la conciliación estudio-trabajo, la movilidad, la integridad académica, la desconexión digital y el derecho a apoyo psicológico, con unidades y protocolos ante riesgo suicida.
También aparece el derecho al paro académico —total o parcial— y un refuerzo de las prácticas y la tutoría. No es un decreto de campaña solo para la foto: es el intento de convertir en norma lo que miles de campus ya improvisan a base de voluntarismo y colas de espera.
El contexto de los «martes sociales»
Estas medidas viajan en el mismo tren que el Gobierno llama «martes sociales»: paquetes de protección que el Ejecutivo quiere sacar antes del 29-N, con convalidación posterior en la Diputación Permanente cuando toque. En paralelo se han anunciado mejoras de prestaciones —incapacidad por patologías asociadas a la menopausia, refuerzo para víctimas de violencia de género, suelo de pensiones extraordinarias por terrorismo o ampliación de protección a huérfanos— y se mantiene el objetivo político de tocar el SMI antes de las urnas. Eso último, de momento, es hoja de ruta, no hecho consumado.
La lectura de izquierda es clara: mientras la derecha habla de desregulación y de echar a quien no paga, el bloque progresista intenta demostrar que todavía hay Estado capaz de poner camas, derechos y red para quien estudia lejos de casa.
Lo que no soluciona (y lo que sí)
Dos mil plazas no tapan el agujero estructural. El propio sector habla de un déficit de cientos de miles de plazas de residencia y colegio mayor frente a la demanda real. Esto no sustituye una política de alquiler asequible ni un parque público digno. Pero tampoco es humo: son proyectos con nombre, campus y presupuesto. En un país donde el piso universitario se ha vuelto lotería, cada plaza nueva es un estudiante que no se queda fuera por código postal.
La pregunta de fondo no es si 45 millones son suficientes —no lo son—. Es si el 29-N se decide solo a golpe de eslogan o también con la evidencia de quién construye red y quién la desmonta.