Hay un momento en toda campaña electoral en que alguien sale a decir que las pensiones van a la quiebra. Sin datos, sin contexto, con mucho tono de urgencia. Esta vez, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha salido con números en la mano para decir lo que muchos jubilados y futuros pensionistas necesitan escuchar: el Gobierno no va a ampliar el periodo de cálculo de la pensión, ni va a exigir más años cotizados para cobrarla.
Punto. Sin matices que vacíen el mensaje.
¿Qué significa eso en cristiano?
Que si ahora tienes que cotizar un número de años para acceder a la pensión completa, ese número no va a crecer. Que si tu pensión se calcula sobre los últimos años de tu vida laboral, ese periodo no se va a estirar para perjudicarte. Nada se endurece. Y lo dice el Gobierno en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre de 2026.
Habrá quien diga que esto es política. Claro que lo es. Pero hay una diferencia entre prometer algo sin respaldo y presentar datos que explican por qué no hay necesidad urgente de recortar.
Los números que Saiz pone encima de la mesa
Cuando alguien dice que el sistema de pensiones está en quiebra, lo primero que habría que pedirle son cifras. Aquí van las que aporta la ministra:
- Más de 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social. El sistema tiene cotizantes, y muchos.
- Unos 2,5 cotizantes por cada pensionista. No es la ratio dorada de los años del boom, pero tampoco es el apocalipsis demográfico que algunos venden.
- La hucha de las pensiones va a cerrar el año rondando los 20.000 millones de euros. Esa hucha existe, se alimenta y crece.
- El gasto mensual en pensiones alcanzó un récord de unos 14.450 millones de euros en octubre, con cerca de 9,5 millones de pensionistas.
Sí, es mucho dinero. Pero también hay muchos trabajadores pagando. Y cuando el Estado hace transferencias al sistema para cuadrar las cuentas, Saiz las describe como algo «absolutamente normal», no como una señal de alarma. Porque lo son: ocurre en Francia, en Alemania, en casi todos los países con sistemas públicos de reparto. No es un síntoma de quiebra; es el funcionamiento ordinario de un Estado de bienestar.
El cuento del baby boom ya cansa
Llevamos años escuchando la misma historia: los baby boomers van a jubilarse en masa, el sistema no va a aguantar, hay que apretar el cinturón ya. El relato tiene gancho porque apela al sentido común. Somos muchos, viviremos más, alguien tiene que pagar. Todo eso es verdad a medias.
¿Hay presión demográfica? Sí. ¿Es una crisis sin solución que obliga a recortar prestaciones ahora mismo, antes de las elecciones? Los datos que maneja la Seguridad Social dicen que no. Hay margen, hay afiliados, hay hucha. El debate sobre la sostenibilidad estructural a largo plazo es completamente legítimo. Usarlo para generar pánico preelectoral sin propuestas concretas y verificables es otra cosa muy distinta.
Y eso, dicho con toda la educación del mundo, es exactamente lo que llevan haciendo ciertos partidos desde hace meses.
El SMI tampoco se toca para mal
Otra buena noticia en el mismo paquete: el Salario Mínimo Interprofesional seguirá subiendo. Y lo que es igual de importante para quien lo cobra: seguirá exento de IRPF. Eso significa que los trabajadores con los salarios más bajos no van a ver cómo el fisco se lleva una parte de ese sueldo mínimo.
Para quien no llega a fin de mes, no es un detalle técnico. Es la diferencia entre que una subida del SMI aterrice íntegra en el bolsillo o se quede parcialmente en Hacienda. El Gobierno elige lo primero.
Lo que no va a pasar, y eso importa mucho
En política, a veces lo más relevante es lo que no se hace. No ampliar el periodo de cálculo significa que los trabajadores con carreras laborales irregulares —con baches de paro, con años de empleo a tiempo parcial, con contratos encadenados— no van a ver empeorada su pensión por un cambio de reglas a última hora. No exigir más años de cotización significa que quien lleva décadas trabajando puede planificar su retiro sin que le muevan los postes cuando ya está cerca de la meta.
Eso es estabilidad. Y en un contexto de precampaña donde el alarmismo cotiza al alza, decir con claridad lo que no va a ocurrir tiene un valor enorme para la gente que planifica su vida con los pies en el suelo.
¿Queda todo resuelto?
No, claro que no. El sistema de pensiones tiene retos reales de futuro que no desaparecen por decreto ni por rueda de prensa. La presión del envejecimiento poblacional existe. La precariedad laboral erosiona las bases de cotización. Hay trabajo serio por hacer a largo plazo, y nadie debería fingir lo contrario.
Pero ahora mismo, en noviembre de 2026, con elecciones generales a menos de un mes, lo que confirma el Gobierno es que no se va a recortar el acceso a la pensión ni se va a endurecer su cálculo. Que el SMI no va a perder su exención fiscal. Que los datos de afiliación y de la hucha no apuntan a ninguna emergencia inminente.
Eso no es propaganda. Son cifras públicas. Y las cifras merecen ser escuchadas antes de que el miedo ocupe su lugar en la papeleta.