En Gijón, con el recinto ferial lleno y la precampaña ya en modo mitin, Pedro Sánchez ha sacado el anuncio gordo: si sigue en Moncloa tras el 29-N, impulsará una reforma de la Constitución para que la revalorización de las pensiones conforme al IPC quede blindada. No es un tuit. Es el mensaje que el PSOE quiere que oiga quien cobra la nómina del Imserso y quien teme que el próximo Gobierno juegue con el poder adquisitivo de la jubilación.
Lo ha dicho en Asturias, comunidad con mucha gente jubilada y memoria larga de recortes. Según Europa Press y El Mundo, el compromiso suena así: la próxima legislatura se reforma la Carta Magna para que la subida anual ligada al índice de precios no dependa del humor del Consejo de Ministros ni de un real decreto que mañana se tumba. El marco de campaña es explícito: «ante la amenaza del PP y de Vox».
Qué hay de hecho y qué hay de promesa
El hecho duro es el anuncio político del presidente-candidato en un acto de este lunes 26 de octubre. El matiz, también duro, lo pone la propia geometría constitucional: una reforma de este calado no se aprueba con un aplauso en Ferraz. Exige mayorías reforzadas —en la práctica, al menos tres quintas partes del Congreso— y, por tanto, un acuerdo que hoy no existe entre los dos bloques. El Mundo lo recuerda con frialdad: en esta legislatura el consenso mínimo apenas alcanzó para cambiar en la Constitución la palabra «disminuidos» por «personas con discapacidad».
Sánchez sitúa el anuncio en una secuencia conocida. Dice que, tras la crisis financiera, los pensionistas se movilizaron; que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy aplicó una «contrarreforma»; y que su Ejecutivo recuperó la subida anual según el coste de la vida. Ahora quiere pasar de la ley ordinaria al candado constitucional. El PSOE ya había escrito en la resolución de su Congreso Federal de finales de 2024 la idea de blindar conquistas sociales, entre ellas el poder adquisitivo de las pensiones. Hasta ahora, el equipo de Sánchez había empujado con más fuerza otros blindajes simbólicos —como el derecho al aborto— sin números para sacar adelante una reforma amplia.
Por qué la izquierda no debería confiar solo en el eslogan
Desde esta mesa el anuncio importa porque pone el foco donde duele: la pensión no es un favor del BOE, es el salario diferido de toda una vida de cotizaciones. Quien haya visto cómo se discute el factor de sostenibilidad, el Pacto de Toledo o los recortes disfrazados de «sostenibilidad» entiende el miedo. Convertir el IPC en regla constitucional es una forma de decir: esto no se negocia cada octubre en un despacho.
Pero también es campaña. Sánchez acopla el blindaje al relato de que «votar a Feijóo es votar a Abascal», apoyándose en el pacto de listas al Senado anunciado el mismo día por PP y Vox. Es un marco legítimo de polarización electoral; no es una prueba automática de que el PP vaya a privatizar el sistema mañana por la mañana. Feijóo, en días previos, ha hablado de revalorización al IPC y del Pacto de Toledo. El choque no está en si alguien dice en público la palabra IPC: está en quién controla el BOE, con qué aliados y con qué letra pequeña presupuestaria.
En el mitin de Gijón, según la crónica local de El Comercio, el tono era de movilización máxima: colas, banderas, la comparación con la victoria de Lula y la promesa de «cuatro años más» de avances sociales. Adriana Lastra, cabeza de lista, volvió a enlazar pensiones y derechos de las mujeres. Es precampaña en estado puro: emoción, amenaza y promesa en el mismo atril.
Qué cambia y qué no
Cambia el listón del debate: ya no basta con prometer la subida del año que viene; se discute si el IPC de las pensiones merece rango constitucional. Cambia la presión sobre la derecha: o detalla su modelo con números y aliados, o acepta pelear en el terreno que el PSOE ha elegido. Cambia también la conversación interna de la izquierda: un blindaje serio exige mayoría imposible sin pactos transversales… o sin 176 escaños que hoy nadie garantiza.
No cambia aquí la Constitución por el simple hecho de anunciarlo. No se ha presentado texto articulado, ni hay votos contados, ni se demuestra que PP y Vox tengan ya un plan cerrado de privatización de pensiones: esa es la hipótesis de campaña de Sánchez, no un documento fiscal verificado en esta pieza. La lectura de esta mesa es progresista y sin romanticismo: sin poder institucional y sin mayoría reforzada, el candado constitucional es un cartel de feria. Con ambos, es la diferencia entre una subida que se defiende cada año y un derecho que cuesta mucho más desmontar.