El SMI al 5,3%: más que sus propios técnicos y justo antes de que abran las urnas

El Gobierno ha puesto el SMI en modo mitin. Con el borrador de real decreto publicado en audiencia pública este 5 de noviembre de 2026, Yolanda Díaz propone subir el Salario Mínimo Interprofesional un 5,3% para 2027: 18.004 euros anuales, 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas (65 euros más que ahora), o 1.500 euros si se prorratean en 12. El plazo de alegaciones cierra el 16 de noviembre. Las elecciones son el 29. Hagan el cálculo.

Más que lo que piden los propios técnicos del ministerio

Lo llamativo del asunto es que la subida va más allá de lo que recomiendan los expertos del propio departamento, que apuntaban a un incremento de alrededor del 4,9%. Los sindicatos CCOO y UGT pedían el 7%. El Gobierno se ha quedado en el 5,3%: por encima de los técnicos, por debajo de los sindicatos. Una solución salomónica con más olfato electoral que rigor económico.

No es que un aumento del SMI sea de por sí malo. Es que cuando el Gobierno supera deliberadamente el margen que le marcan sus propios asesores técnicos, y lo hace a 24 días de las urnas, la coherencia intelectual exige llamar a las cosas por su nombre: esto no es política económica, es campaña electoral con sello oficial del Boletín Oficial... bueno, del borrador del Boletín, que el real decreto todavía no está aprobado.

La novena subida del ciclo y la trampa del relato

Ésta sería la novena subida del SMI desde que el Gobierno de Sánchez llegó a La Moncloa, siempre con Yolanda Díaz como artífice de las últimas. La trayectoria es conocida: 735,9 euros con Rajoy, 900 euros en 2019, 1.221 euros este año, 1.286 propuesto para 2027. Es una progresión que el Gobierno vende como conquista social irrefutable, y que tiene su parte de razón si uno se queda solo con el número del titular.

El problema es lo que no aparece en ese titular. El borrador señala que solo deben actualizar salarios aquellas empresas cuyos trabajadores cobren por debajo del umbral anual de 18.004 euros. Eso suena razonable y en muchos sectores lo es. Pero el peso de esa factura no recae igual en una gran empresa que en un autónomo con dos empleados o en una pyme de hostelería o comercio minorista. No es que vayan a quebrar de un día para otro: sería un dato que habría que acreditar con estudios serios, y la honestidad obliga a no inventárselos. Lo que sí se puede decir, sin trampa, es que el margen de maniobra de esos pequeños empleadores es muy distinto al de una multinacional, y que el Gobierno lo sabe perfectamente.

La memoria del decreto apela a la Carta Social Europea y al objetivo del 60% del salario medio, que es el estándar del Comité Europeo de Derechos Sociales. Nadie discute ese objetivo. Lo que se discute es el método: ir por encima de lo que recomiendan los propios técnicos del departamento, sin acuerdo con los empresarios, y con un calendario que hace imposible disociar la medida de la papeleta.

El método importa tanto como el resultado

Hay algo que distingue la política económica seria de la gestión de imagen: la primera trabaja con consensos, con evidencias y con plazos que no dependan del calendario electoral. La segunda hace exactamente lo contrario. El Gobierno podría haber cerrado el acuerdo en octubre, con tiempo y con los actores relevantes sentados a la mesa. En su lugar, ha abierto un proceso de alegaciones de once días hábiles con la intención declarada de aprobar el decreto antes del 29-N.

Un SMI aprobado con consenso social amplio tiene más legitimidad, más previsibilidad para las empresas y, en definitiva, más posibilidades de cumplir su objetivo real: mejorar las condiciones de los trabajadores con menor salario sin generar efectos colaterales que nadie quiere pero que tampoco conviene ignorar con un manotazo de campaña. La urgencia no viene del mercado laboral. Viene del calendario.

El caso de los contratos cortos —mínimo 60,88 euros por jornada— o de las empleadas de hogar en régimen externo —10,06 euros la hora— ilustra bien la complejidad: son colectivos con estructuras de empleo particulares que necesitan medidas calibradas, no anuncios de precampaña con plazo de alegaciones de poco más de una semana.

Que la subida sea del 5,3% y no del 4,9% que recomendaban los expertos puede parecer un detalle menor. No lo es. Esas cuatro décimas representan exactamente la brecha entre política basada en evidencias y política basada en oportunidad. Y esa diferencia, a largo plazo, importa más que cualquier titular de campaña.

Mientras tanto, el plazo de alegaciones sigue abierto hasta el 16 de noviembre. Tiempo más que suficiente para que el Gobierno escuche a quien no ha invitado a la mesa... o para que el decreto llegue al Consejo de Ministros con exactamente el mismo texto que salió del ministerio el día 5.