Hay anuncios que suenan a burocracia y, en realidad, deciden cuánto te queda en el bolsillo a final de mes. Este lunes, en la Cadena SER, la ministra portavoz y de Inclusión, Elma Saiz, ha dejado dos frases sin ambages: el Gobierno volverá a subir el salario mínimo interprofesional de cara a 2027 y ese sueldo seguirá sin pagar IRPF. No es un detalle técnico. Es la diferencia entre que una subida se note en la cesta de la compra o se diluya en la declaración de la renta.
El reloj electoral marca cinco semanas para el 29-N. Trabajo ya abrió el 8 de octubre el proceso de revalorización y la comisión asesora tiene hasta el 31 de octubre para recomendar la cifra. Según el relato de Saiz, el Ejecutivo «va a hacer los trabajos para que sea una realidad» antes de las urnas. En paralelo, promete actualizar la deducción de rentas bajas para que quien cobra el SMI —y buena parte de quienes están justo por encima— no entre en el impuesto.
Los números de fondo no son menores. Entre 2018 y 2026 el SMI ha pasado de 735,90 a 1.221 euros mensuales en catorce pagas, un 66% más. En 2026, quienes perciben el mínimo (unos 17.094 euros brutos al año) pueden aplicarse una deducción de 591 euros; la medida se estrecha de forma decreciente hasta los 20.000 euros para evitar el famoso «error de salto». El umbral clásico del IRPF no se ajusta al SMI desde 2024: la exención se sostiene a base de parches legales. Saiz dice que habrá otro.
Aquí empieza la letra pequeña que la izquierda no debería esconder y la derecha no debería caricaturizar. Subir el SMI es un decreto del Gobierno tras consultar a sindicatos y patronal: no necesita convalidación parlamentaria. Blindar la exención fiscal sí exige una reforma legal. Europa Press recoge fuentes de Hacienda que aún no dan fecha concreta y recuerdan que «eso tiene que venir después de que se suba el SMI». Puede salir por la Diputación Permanente o, más probablemente, ya en 2027 con las nuevas Cortes. Prometer el resultado es fácil; cuadrar el BOE lo es menos.
Saiz ha aprovechado para cargar contra Alberto Núñez Feijóo. Le acusa de un «importantísimo desconocimiento técnico» y de importarle tan poco el SMI que «no sabe que está exento de tributación». El dardo es de precampaña, pero apunta a un debate real: cada vez que el suelo salarial sube y el IRPF no se actualiza al mismo ritmo, el Estado se queda un trozo de la mejora. Si el Gobierno quiere vender poder adquisitivo, no basta con el titular del decreto; hace falta la deducción a tiempo.
La inflación marca el campo de juego. El IPC de septiembre se situó en el entorno del 4,9%. Medios económicos proyectan, si se toma esa referencia, una subida cercana al 5% y un SMI que podría rozar los 1.281 euros. No es cifra oficial: la comisión puede mirar el IPC medio del año u otros criterios. Lo que sí es oficial es la premisa política de Trabajo: que el mínimo no pierda poder de compra. Y lo que Saiz ha añadido hoy es la segunda pata: que Hacienda no se coma el aumento.
Para la mesa de izquierda el mensaje es claro. En un país donde el alquiler se come nóminas enteras y la precampaña se llena de trincheras culturales, el SMI sigue siendo una de las pocas palancas que llega a 2,5 millones de personas con nombre y apellidos. Mantenerlo exento no es un regalo estético: es impedir que la subida se convierta en un espejismo fiscal. La advertencia también vale para el propio bloque: sin calendario legislativo creíble, el anuncio se parece demasiado a un cartel electoral con letra aplazada.
Queda, además, la tensión interna de la legislatura. El choque entre Hacienda y Trabajo por la fiscalidad del mínimo no es invento de la oposición; ha marcado años de coalición. Saiz cierra filas ahora con el compromiso de «seguir subiendo el SMI y que siga estando exento». La prueba no será la entrevista de la SER, sino si, cuando salga la cifra, sale también la norma que evita que el recibo de la renta se coma el incremento.
Mientras los partidos apuran esta noche el plazo de listas al Congreso y al Senado, el Gobierno elige hablar de nómina. Tiene lógica de movilización y también de contraste: presentar la revalorización del suelo salarial como línea roja frente a un eventual Ejecutivo de recortes. La lectura progresista es sencilla de explicar en el metro. Si sube el mínimo y no tributa, hay más margen para llegar a fin de mes. Si la reforma fiscal se atrasa, la promesa se queda a medias. Hoy Saiz ha firmado el qué. Falta el cuándo del BOE.