El TC mueve ficha: la malversación del procés entra en la amnistía

Hay un momento en el que la pelea deja de ser de tuits y pasa a la mesa de los magistrados. Este martes, el Tribunal Constitucional ha encaminado su aval a amnistiar la malversación del procés: la mayoría ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que quería blindar la negativa del Supremo, y el propio ponente ha aceptado reescribir el fallo en el sentido favorable a la medida de gracia.

El primer caso sobre la mesa es el de Jordi Turull, exconseller y secretario general de Junts. Su recurso de amparo no pide reabrir la cárcel —la pena de prisión ya quedó indultada—, sino meter bajo el paraguas de la amnistía la inhabilitación absoluta que arrastra por malversación. En castellano de metro: si el TC le da la razón, vuelve a poder presentarse a unas elecciones sin ese lastre.

El Supremo había encontrado un atajo para no aplicar la ley. Su tesis es que los dirigentes del 1-O se lucaron “de forma personal” porque usaron dinero público que, de no haberlo tenido, habrían tenido que poner de su bolsillo. El Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE ya habían avalado la arquitectura general de la amnistía; el TJUE, además, descartó que el referéndum ilegal hubiera afectado a los intereses financieros de la Unión, otra de las exclusiones que esgrimía el alto tribunal.

Lo de hoy no es todavía la sentencia definitiva. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press y elDiario.es coinciden: Macías presentará una nueva ponencia alineada con la mayoría en el pleno del 6 de octubre, junto a la de Dolors Bassa, a cargo del presidente Cándido Conde-Pumpido. Cuando salga la primera sentencia, el criterio del TC quedará marcado para el resto de amparos —Puigdemont, Junqueras, Romeva, Comín, Puig— que irán en plenos sucesivos.

Ahí está la bomba política. Fuentes del Supremo, según La Vanguardia y Europa Press, sostienen que el instructor Pablo Llarena no esperaría al amparo personal de Carles Puigdemont si la sentencia de Turull deja claro que esa malversación es amnistiable. Levantar la orden nacional de detención abriría, por fin, la puerta a que el líder de Junts regrese a España tras nueve años en Bélgica. No es un paseo garantizado; es un reloj que empieza a correr.

Turull ha celebrado lo que llama una “desautorización absoluta” a jueces que, a su juicio, hicieron “activismo político” en vez de aplicar una ley “clara”. Y ha metido la cautela de Santo Tomás: del Supremo, dice, “nos lo podemos esperar todo”. La lectura de izquierdas no necesita inventar magia: el Congreso aprobó una ley de amnistía; el TJUE la apuntaló en lo esencial; la mayoría del TC dice ahora que la malversación del procés no puede quedar fuera por un truco interpretativo sobre el “bolsillo no gastado”.

Quien quiera ver solo un regalo a Puigdemont se pierde el fondo. Durante años la derecha ha convertido cada resolución judicial en un arma de desgaste del Gobierno. Hoy el tribunal de garantías recuerda otra cosa: la amnistía no es un meme, es una ley, y las leyes no se vacían con malabarismos sobre el lucro hipotético. El 6 de octubre dirá la letra pequeña. La dirección política, esta tarde, ya está escrita.