Hay semanas en las que la política se pelea en los mitines y otras en las que se pelea en los autos. Esta es de las segundas. La amnistía ha entrado en su tramo final y el Tribunal Supremo, después de meses de resistencia, ha empezado a aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional a dirigentes del procés. Lo ha hecho… y al mismo tiempo ha soltado un dardo envenenado: habla de «injerencia».
Según Europa Press, los magistrados del Supremo que juzgaron el proceso independentista acordaron este martes la amnistía —de momento— para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. La decisión sobre Carles Puigdemont sigue en el aire. La ponencia del auto la firmó Manuel Marchena; la sentencia clave del Constitucional sobre la malversación la redactó su presidente, Cándido Conde-Pumpido.
El Supremo cede el paso… y no se calla
Marchena no se limitó a cumplir. Calificó de «innecesaria injerencia» el razonamiento del TC y escribió que la «grandilocuencia» de ciertas expresiones buscaba «camuflar la intensidad» de una invasión del ámbito del Supremo. También recordó que cinco magistrados del Constitucional —del sector conservador— discreparon de la mayoría, y que eso hace «muy difícil aceptar con naturalidad» que la decisión del Supremo fuera irracional.
Traducción en castellano de metro: el alto tribunal aplica la amnistía porque ya no le queda margen jurídico limpio, pero deja constancia de su enfado para la historia y para la galería.
El Constitucional no pide permiso
Fuentes del TC, recogidas por la misma agencia, niegan la premisa. Dicen que no hay extralimitación posible porque la corte de garantías delimita su propio ámbito y que lo dicho por el Constitucional vincula. Conde-Pumpido, en la sentencia de Bassa, fue más lejos en el fondo: acusó al Supremo de una «interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad» de la ley de amnistía al resistirse a perdonar la malversación; declaró nulas esas resoluciones y reclamó amnistiar el delito con el carácter «preferente y urgente» que marca la norma.
No es un capricho de última hora. El TJUE, en julio, descartó una de las grandes trincheras del Supremo: que el 1-O hubiera afectado a los intereses financieros de la UE. Con esa puerta cerrada, el Constitucional tenía vía libre para resolver. El 6 de octubre remitió al Supremo la sentencia que ampara a Bassa. A partir de ahí, el laberinto se estrecha.
Qué cambia (y qué no) de cara al 29-N
Cambia el tablero judicial del procés: la malversación deja de ser el dique perfecto contra la amnistía y la doctrina del TC se impone sobre la resistencia de la Sala de lo Penal. No cambia —todavía— el estatuto procesal definitivo de Puigdemont: Europa Press recuerda que su caso, y el de Toni Comín y Lluís Puig, sigue pendiente, aunque el instructor Pablo Llarena ya levantó la orden de detención.
Para la mesa progresista el relato es claro. No hay «golpe al Supremo»: hay una corte de garantías haciendo de corte de garantías después de que Europa tumbara el argumento estrella de la negativa. Quien confunde desacuerdo con desobediencia convierte cada sentencia incómoda en drama institucional. El ruido de sables vende titulares; la vinculatoriedad del Constitucional ordena el sistema.
En precampaña del 29-N, la derecha usará las frases de Marchena como prueba de un tribunal «colonizado». La izquierda debería responder con menos épica y más manual: si el TC no puede corregir al Supremo cuando este dobla la ley de amnistía hasta hacerla irreconocible, entonces la amnistía nunca fue una ley, fue un eslogan. Esta semana, al menos sobre Bassa, Junqueras, Turull, Romeva y el marco de la malversación, el marco ha ganado al eslogan del «no os saldrá gratis» eterno.