Mientras la precampaña se pelea a gritos en plató y en redes, el Tribunal de Cuentas ha movido ficha en silencio administrativo. Según adelanta El Mundo, el órgano fiscalizador ha comunicado a las partes el inminente auto de apertura de diligencias para intentar recuperar más de 400.000 euros cobrados de forma irregular por David Sánchez —hermano ya condenado del presidente— y por su amigo Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz.
No es una sentencia nueva ni un embargo ya ejecutado. Es el paso contable que la derecha lleva meses pidiendo: si la Audiencia Provincial dijo que los contratos fueron un decorado, alguien tiene que mirar la caja.
Las cifras que importan (y las que aún no salen)
Los datos oficiales que manejan los denunciantes son concretos. David Sánchez percibió 340.572,36 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025. Carrero, 86.988,76 euros. Suma mínima reclamada: 427.561,12 euros, más intereses. Iustitia Europa avisa de que todavía no entran cotizaciones sociales, dietas, indemnizaciones ni el coste de que otros empleados públicos cubrieran funciones de puestos «vacíos de contenido».
El departamento segundo de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que dirige la consejera Elena Hernáez, ha notificado a denunciantes y a la propia Diputación los trámites de personación de cara a esa apertura de diligencias. La Fiscalía del Tribunal no se opone a esta primera fase. La Diputación de Badajoz, gobernada por la socialista Raquel del Puerto, sí: pese a ser la institución teóricamente perjudicada, pide no activar la vía de reintegro.
Desde el PP provincial, el diputado Juan Antonio Barrios anuncia que pedirán «todos los informes» en los que se apoya la Diputación para no querer recuperar el dinero. En el procedimiento se han personado también Vox y las asociaciones Iustitia Europa y Hazte Oír.
De la prevaricación penal al contable
El andamiaje viene de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de julio de 2026. Los jueces consideraron acreditado un plan concertado para crear plazas innecesarias, fingir un proceso de selección y colocar a David Sánchez y a Carrero. La Audiencia se declaró incompetente para la responsabilidad civil, pero dejó el aviso: el Tribunal de Cuentas podía actuar.
David Sánchez quedó inhabilitado nueve años como cooperador necesario de prevaricación administrativa. Todos los condenados han recurrido; la resolución no es firme. Ese detalle lo usa la Diputación para frenar el reintegro: sin firmeza, dice, no toca devolver nóminas. El argumento es procesal. La lectura política de esta mesa es otra: una administración socialista se resiste a reclamar dinero público que una sentencia ya calificó de irregular.
Si el instructor del Tribunal ve responsabilidad contable, el camino puede acabar en enjuiciamiento, embargo preventivo de bienes y devolución forzada —quiera o no la Diputación—. Hay precedentes para apuntar no solo a quien firmó las nóminas, sino también a quien las cobró.
El contraste con Ferraz y con La Revuelta
El mismo fin de semana en que Pedro Sánchez dibuja en EL PAÍS un duelo de civilización entre progreso e involución, el reloj contable del hermano vuelve a la portada. El jueves, en La Revuelta, el presidente volvió a blindar a David: «Se han traspasado líneas rojas. Es injusto». Puede ser una defensa familiar. También es un mensaje difícil de casar con la exigencia de devolver hasta el último euro de un enchufe público.
Desde la derecha el caso resume una tesis de campaña: no basta con condenas penales si el dinero no vuelve y si la institución perjudicada mira para otro lado. El Tribunal de Cuentas no ha declarado aún el alcance ni ha embargado a nadie. Ha hecho algo más prosaico y, por eso, más peligroso para el relato sanchista: abrir la carpeta donde se cuenta el dinero.