La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil madrugó este jueves 5 de noviembre con una operación que huele a capítulo nuevo de la mayor trama de corrupción política del sanchismo. Registros simultáneos en Valencia, Córdoba, Madrid y Sevilla. Seis detenidos. Y una pieza separada secreta del caso Koldo abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, con la Fiscalía Anticorrupción tomando posiciones desde primera hora.
El primer golpe fue en Valencia. La UCO llamó a la puerta de la vivienda de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Su propio hijo confirmó el registro a RTVE. Para el exministro no es la primera vez: en junio de 2025 ya le visitaron. Entonces podía parecer un aviso. Ahora la investigación ha dado un salto cualitativo.
Seis detenidos y una pista que llega hasta las primarias de 2017
Entre los seis detenidos destaca el nombre de Cristian Abel Corvillo Aguilar, cuyo domicilio en Córdoba también fue registrado. El PP le señala como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017. El PSOE lo niega: dice que Corvillo no es ni ha sido conductor del presidente en ningún desplazamiento de partido ni de Gobierno. Las versiones chocan; el juez tendrá la última palabra.
También están detenidos el hermano de Corvillo, la pareja de Ábalos Andrea de la Torre, y tres empresarios. No son detenidos por una multa de tráfico. La UCO, según fuentes de la investigación recogidas por TVE, busca pagos a terceros relacionados con obra pública y rastrea depósitos y criptoactivos. Dinero que, si existe donde se sospecha, alguien tuvo que ganarlo de algún sitio.
Adif, entre el accidente de Urda y el requerimiento judicial
Hay un detalle que no pasa desapercibido: la UCO también se personó este jueves en las dependencias de Adif en Madrid. La empresa pública confirmó a RTVE que hubo una solicitud de información y que colaboró plenamente. Adif precisa que no hubo registro como tal, solo un requerimiento de documentación. Matiz importante, pero el hecho de que el operador ferroviario aparezca en la misma jornada en que la UCO ejecuta seis detenciones tiene su propio peso simbólico.
Y es que Adif lleva días en el foco por razones distintas. Días antes de esta operación, el presidente de la entidad y el ministro Óscar Puente presentaron sus dimisiones tras la tragedia de Urda. Son dos historias con cronologías y causas distintas: lo de Urda es un accidente ferroviario; lo de esta pieza secreta es una investigación por corrupción en contratación pública. No hay nexo judicial entre ambas. Pero comparten ministerio, comparten época y comparten portada el mismo día.
Las líneas de investigación que maneja la UCO apuntan a la compra de mascarillas durante la pandemia —ya investigada en la causa original del caso Koldo— y a presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública mientras Ábalos dirigía Transportes. Un ministerio que gestionaba miles de millones en contratos y que, según va revelando la instrucción, podría haber funcionado como caja de resonancia de intereses privados.
Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, calificó la operación de «traca final del sanchismo decadente» y vinculó a Corvillo con lo que llamó el «clan de las primarias». Santiago Abascal, desde un acto en Albacete, fue más directo: dijo que Transportes era «la zona cero de la corrupción» de Sánchez y exigió la dimisión inmediata del presidente. Son valoraciones políticas, no pronunciamientos judiciales. Pero llegan en un momento en que el calendario electoral aprieta al máximo.
Porque faltan 24 días para el 29-N. Y cada nuevo auto del juez Moreno, cada registro, cada detenido, es un titular que el Gobierno no puede controlar ni desactivar con una rueda de prensa. El relato oficial —que todo lo de Koldo era culpa de «un asesor», que Ábalos era una pieza suelta, que el sistema funcionaba— se hace cada vez más difícil de sostener cuando la UCO sigue tirando del mismo hilo y aparecen más nombres, más cuentas y más puertas que llamar.
En la causa principal, el Supremo ya sentenció a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 y a Víctor de Aldama a 4. Esta pieza secreta es otro capítulo. El juez Moreno no la abrió por capricho: lo hizo tras recibir un nuevo informe de la UCO. Que sea una pieza separada y secreta significa que hay líneas de investigación que se ramifican y que el instructor prefiere que los investigados no sepan exactamente por dónde va la excavación.
El contribuyente que pagó la obra pública de esos años, el ciudadano que esperó meses su mascarilla, el usuario del tren que confía en que Adif gestiona bien su dinero: todos tienen derecho a saber en qué acabó todo aquello. La UCO, de momento, sigue trabajando.