La política universitaria andaluza ha tenido hoy una de esas escenas que no caben en una nota de prensa: un consejero ante el atril, un rector pidiendo silencio y estudiantes gritando una pregunta bastante simple: «¿Cómo voy a estudiar si no lo puedo pagar?».
Ocurrió en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, durante el acto solemne de apertura del curso 2026/2027. La UPO había convocado la cita con la presencia del nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta, Jorge Paradela. Pero cuando llegó su turno de palabra, un grupo de estudiantes se levantó y convirtió el ritual académico en protesta política.
Según la crónica de elDiario.es, los manifestantes corearon consignas contra la gestión de la Junta y denunciaron la «infrafinanciación» del sistema universitario público. El rector, Francisco Oliva, intentó reconducir el acto apelando al debate y al derecho a escuchar todas las posiciones. No funcionó. Paradela trató de empezar su intervención, recibió nuevos abucheos y, tras casi un cuarto de hora de interrupción, el acto quedó suspendido.
El detalle importa porque la protesta no fue un fogonazo aislado. La plataforma UPOxLaPública sostiene que la movilización forma parte de un calendario más amplio de presión sobre la financiación de las universidades públicas andaluzas, con la huelga educativa general del 11 de noviembre en el horizonte. También reprocha a los rectorados una actitud demasiado dócil con la Junta mientras se negocia el dinero que debe sostener campus, plantillas e instalaciones.
La lectura progresista es incómoda para el poder autonómico: cuando una universidad pública abre curso hablando de goteras, deuda acumulada y estudiantes que sienten que el precio de estudiar les expulsa, el problema ya no es de protocolo. Es de acceso. La derecha puede llamarlo boicot; los afectados lo llaman hacerse oír antes de que la institución les cierre la puerta con buenas maneras.
ABC recoge la otra cara: Paradela lamentó que se «reventara» el acto y defendió que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha anunciado 120 millones de euros más para las universidades en los presupuestos de 2027, después de una inyección de 60 millones en 2026. Es un dato relevante. Pero también deja la pregunta política intacta: si el sistema llega a septiembre con las aulas movilizadas, algo no está llegando a tiempo.
La protesta tiene un riesgo evidente: que el ruido tape la discusión concreta sobre financiación, becas, tasas, obras pendientes y condiciones de estudio. Pero el riesgo inverso es mayor: que la solemnidad sirva para esconder que hay alumnos mirando la factura antes que el plan docente. En una universidad pública, ese debería ser el primer indicador rojo.