No es un tuit de campaña ni un recorte de tertulia. Es un escrito de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fechado el 19 de octubre, al que ha tenido acceso El Español. El mensaje es seco: la aplicación “fragmentada, tardía o poco rigurosa” de las directivas de la UE “debilita el mercado único” y pasa factura a cada Estado miembro. Y el espejo español no sale bien.
España, según los datos que acompaña el reportaje, acumula 81 procedimientos de infracción por no comunicar trasposiciones o por aplicarlas mal. Tiene 101 directivas pendientes de incorporar; 50 ya fuera de plazo. No es el detalle fino de un boletín: es el país que, en este recuento, lidera el club del retraso entre los Veintisiete.
No solo papeles: Estado de derecho y competitividad
Von der Leyen no se queda en la burocracia simpática. Advierte de que las infracciones “significativas y duraderas” del Derecho de la UE también pueden socavar el Estado de derecho. Y anticipa que la Comisión intentará acelerar las actuaciones coercitivas contra quien no notifique medidas o aplique mal las normas. Cuando no hay arreglo, el camino ya conocido: el Tribunal de Justicia de la UE.
El escrito responde a una pregunta de la eurodiputada del PP y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, presentada este verano. Fuentes europeas citadas por el diario subrayan lo inusual: contesta la propia presidenta. Montserrat habla de “grave deterioro” del cumplimiento bajo el Gobierno de Sánchez y de daño a la seguridad jurídica de empresas y ciudadanos. Se puede discutir el énfasis partidista; los números de retraso no son un invento de Génova.
Del IVA del autónomo a la ciberseguridad
El 11 de marzo Bruselas decidió llevar a España al TJUE por no trasponer dos directivas del IVA: entonces era el único Estado que no había notificado ambas. Una afecta al régimen simplificado de pequeñas empresas y al llamado IVA franquiciado (el debate doméstico de exenciones hasta 85.000 euros de facturación). La pieza obligatoria no es el capricho local: es el mecanismo para que empresas españolas puedan acogerse al régimen en otros países, con registro previo aquí. La segunda toca, entre otras cosas, el lugar de tributación de ciertos servicios virtuales. Sin reglas comunes, el riesgo es doble imposición… o cero imposición.
Otro expediente abierto: la directiva de ciberseguridad NIS2, con plazo vencido el 17 de octubre de 2024. En mayo de 2026 la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen seguía pidiendo incorporación “con urgencia”, un año después del dictamen motivado. Traducción de calle: mientras se discute la agenda del 29-N, hay redes, operadores y obligaciones europeas que España no ha cerrado a tiempo.
Cuando un solo país frena a los 27
Fuera del paquete estricto de directivas, el mismo patrón aparece en la reforma electoral europea: para entrar en vigor hace falta el OK de todos. En enero España figuraba como único incumplidor en esa ratificación, según informaciones previas del mismo medio, y la Eurocámara habló de falta de voluntad política. El umbral del 2%-5% en grandes circunscripciones hubiera dejado fuera, con el mapa de 2024, a CEUS/PNV (1,63%). Da igual que a uno le guste o no ese umbral: el coste de no decidir es bloquear el marco para toda la Unión.
Precampaña con factura europea
Sánchez vende europeísmo de mitin y lealtad atlántica selectiva. Feijóo y el PPE empujan el relato del incumplimiento. El escrito de Von der Leyen no nombra al presidente en tono de panfleto, pero deja el marco: sin trasponer, no hay mercado único de verdad, ni competitividad ni resiliencia. En campaña se puede pelear por el SMI o por el Senado; lo que no se puede es presentar como normal que España sea el farolillo rojo de las directivas mientras pide voz gruesa en Bruselas.
Gobernar Europa no es solo hacerse la foto en el Consejo. Es hacer los deberes en el BOE. Y hoy el cuaderno español llega con retraso, apercibimientos y amenaza de más presión coercitiva. Eso, para esta mesa, no es “ruido de la derecha”: es el precio de la negligencia legislativa.