La vivienda vuelve a enseñar los dientes. S&P Global Ratings prevé, según recoge EFE, que el precio residencial suba un 9,1% en España en 2026 y que el país lidere las alzas europeas entre 2027 y 2029. Traducido: si hoy comprar ya parece una carrera con una mochila de piedras, el pronóstico dice que la cuesta todavía no se acaba.
La cifra tiene trampa emocional porque suena a indicador de mercado, a gráfico de consultora, a cosa de inversores. Pero para una persona normal significa algo mucho más sencillo: más años de ahorro para la entrada, más presión sobre el alquiler y más familias expulsadas de los barrios donde trabajan, cuidan o han vivido siempre.
España no tiene solo un problema de precios: tiene un problema de acceso
EFE explica que S&P sitúa a España como el segundo país europeo donde más subiría la vivienda este año, por detrás de Portugal. Para 2027 y 2028, la firma coloca a España en cabeza de las subidas, con incrementos previstos del 7,4% y del 6,2%, y aún espera un 5,4% en 2029. No son certezas escritas en piedra: son previsiones. Pero dibujan una tendencia política de primera magnitud.
La propia agencia apunta a una mezcla conocida: mercado laboral fuerte, más hogares, inmigración, falta de oferta, costes de construcción y trabas administrativas. Es el cóctel perfecto para que el discurso de “si te esfuerzas, compras” empiece a sonar como una broma pesada para menores de cuarenta años.
La derecha suele resumirlo todo en construir más y quitar obstáculos. Tiene parte de razón: sin más vivienda disponible, cualquier promesa social acaba peleándose por las mismas llaves. Pero la izquierda también debería decirlo sin miedo: si el mercado convierte una necesidad básica en una escalera mecánica para propietarios e inversores, el Estado no puede limitarse a mirar desde la acera con cara de preocupación.
El gran acuerdo no puede ser otra foto
RTVE informó a finales de junio de que el Gobierno buscaría un gran acuerdo de vivienda en el Congreso. Bien. Pero un gran acuerdo no es una rueda de prensa con palabras redondas. Es suelo, licencias, alquiler asequible, vivienda pública que no se venda al primer cambio de ciclo y reglas que distingan entre quien alquila una casa heredada y quien acumula pisos como si fueran fichas de casino.
El problema es que en España cada administración tiene una parte del volante y casi todas pueden culpar a otra. El Gobierno promete planes, las comunidades reclaman competencias o financiación, los ayuntamientos hablan de suelo y los promotores piden seguridad jurídica. Mientras tanto, el inquilino recibe el correo de subida y el comprador descubre que su sueldo ha envejecido diez años en una tarde.
La previsión de S&P también desmonta una comodidad política: no basta con esperar a que los tipos bajen o a que el mercado se ordene solo. Si los precios suben más rápido que los salarios, el resultado no es prosperidad; es selección social por código postal.
Quién gana cuando la llave se aleja
Hay ganadores evidentes: quien ya tiene vivienda en propiedad, quien hereda, quien puede comprar para alquilar, quien mira el piso como activo y no como techo. Y hay perdedores cada vez más visibles: jóvenes que encadenan habitaciones, familias que se van a periferias mal conectadas, trabajadores esenciales que no pueden vivir cerca de donde hacen funcionar la ciudad.
Por eso la vivienda ya no es una sección de economía. Es política pura. Decide natalidad, horarios, salud mental, cohesión territorial y hasta voto. Un país donde la llave se aleja cada año no solo tiene un mercado tensionado: tiene un contrato social agrietado.
La pregunta para el Congreso es simple y bastante incómoda: si hasta las previsiones de mercado anticipan más presión, ¿cuánto tiempo más van a tardar los partidos en tratar la vivienda como una emergencia cotidiana y no como un decorado electoral?