Hay listas que se leen como un programa y listas que se leen como un aviso. En la de Vox por Tarragona para el 29-N, el aviso tiene nombre y apellido: Jordi de la Fuente encabeza la candidatura al Congreso. No es un fichaje de última hora sacado de un despacho de marketing. Es un histórico del movimiento neonazi catalán, concejal en Sant Adrià del Besòs, diputado provincial y, según el relato de elDiario.es, hombre de confianza del entorno de Ignacio Garriga y Jorge Buxadé.
La mesa de la izquierda no necesita inventar un monstruo. Basta con mirar la hemeroteca y el banquillo que le espera.
Del MSR al cartel electoral
elDiario.es detalla el currículum que Vox prefiere envolver con «arraigo» en Segur de Calafell: De la Fuente fue dirigente del Movimiento Social Republicano (MSR), formación negacionista del Holocausto con vínculos ultras europeos; compartió mesa con el librero de extrema derecha Pedro Varela; pasó por la xenófoba Plataforma per Catalunya y, ya en Vox, fue aupado en 2025 al frente del sindicato Solidaridad. LaSexta y El Español confirman el mismo esquema: cabeza de lista por Tarragona, pasado neonazi y, en el relato periodístico, posiciones prorrusas.
En 2023 Vox se quedó a pocos miles de votos del escaño tarraconense. Ahora el partido no esconde el perfil: lo pone el primero. Traducción política: lo que antes se gestionaba entre bambalinas se normaliza en la papeleta.
El juicio no es un meme de campaña
Consiga o no el escaño, De la Fuente se sentará en 2027 en un juzgado de lo penal de Mataró por el asalto racista a un centro de menores de El Masnou en 2019. Según la Fiscalía, recogida por elDiario.es, acudió con megáfono y coreó gritos de «vamos a por ellos», «moros de mierda», «vamos a quemar el albergue» y «os vamos a matar». El Ministerio Público pide dos años y dos meses de cárcel por delito de odio, multa de 2.700 euros, cinco años de inhabilitación para oficios educativos y alejamiento del centro. El juicio está señalado para julio de 2027.
Importa el matiz: es acusación, no sentencia firme. Y importa igual el otro matiz: un partido que aspira a condicionar el Gobierno del 29-N coloca como número uno a alguien que la fiscalía sitúa en un ataque racista a menores migrados. No es un debate abstracto sobre «límites del discurso». Es una credencial.
Qué cambia y qué no
Desde esta mesa cambia el mapa de la precampaña catalana y del posible pacto PP-Vox: ya no basta con hablar de «prioridad nacional» en vivienda o de Senado. Hay que mirar quién ocupa la primera casilla de la lista. Cambia también el coste de fingir que la ultraderecha española es solo un club de austeridad y banderas.
No cambia aquí la presunción de inocencia ni se inventa una condena. Tampoco se acusa a todo votante de Vox de neonazismo. La hipótesis es más seca: cuando Abascal normaliza en la papeleta a un histórico del MSR con causa abierta por odio, el cordón sanitario deja de ser un eslogan de tuiteros y se convierte en una pregunta de Estado. ¿Con quién se sienta a negociar quien diga que solo quiere «orden»?