José Luis Rodríguez Zapatero quería que el juez preguntara a Arabia Saudí. El juez le ha dicho que no. En el caso Plus Ultra, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado este martes la comisión rogatoria que el expresidente pedía para “acreditar” el origen de las joyas halladas en el registro de su despacho el 19 de mayo: tres juegos con rubíes, esmeraldas y zafiros tasados por Ansorena en unos 1,3 millones de euros.

La versión de Zapatero es conocida. Sostiene que el entonces monarca saudí se las entregó como “muestra de atención personal” en la visita oficial de junio de 2007; que las aceptó por deferencia; y que las guardó en el ámbito privado, sin usarlas y —dice— sin conciencia de su valor. Llegó a pedir que, si al juzgado no le bastaba, se recabase confirmación a Riad. Incluso afirma haber remitido dos comunicaciones a la jefatura de protocolo saudí a través de la embajada en Madrid.

Calama no traga. En el auto, alineado con el criterio de Anticorrupción, escribe que la rogatoria carece de un mínimo soporte objetivo que permita verla como útil, necesaria y pertinente. No serviría para contrastar una hipótesis ya respaldada por indicios externos, sino para construir desde cero la prueba de una afirmación del propio investigado. Y recuerda un detalle incómodo: Zapatero tiene medios directos para intentar corroborar lo que cuenta; no hay medida cautelar que le impida moverse.

El juez no improvisa el escepticismo. Constata la visita del monarca en 2007… y también que otros obsequios institucionales de aquel viaje sí entraron en el patrimonio público. Ese “tratamiento diferenciado” de las alhajas, dice, encaja mal con la tesis del regalo de Estado destinado al erario. Añade que las piezas no estaban en sus estuches originales ni venían con certificados de autenticidad o procedencia: justo lo que cabría esperar de un presente protocolario de ese calibre.

Todavía más fino es el recordatorio normativo. Bajo la presidencia de Zapatero se aprobó el Código de Buen Gobierno (acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005), que obligaba a incorporar al patrimonio público los obsequios institucionales de especial significación. Para Calama, eso demuestra el pleno conocimiento del régimen aplicable. Y sobre el supuesto desconocimiento del valor: unas joyas de ese aspecto, escribe, permiten a “cualquier observador” sin pericia ver que no son bisutería de cajón.

Ojo con lo que no dice el auto de este martes: Calama aún no resuelve la petición de Anticorrupción de investigar a Zapatero también por malversación de caudales públicos si las piezas debían haber ido a Patrimonio. Eso queda para otro proveído, tras analizar la documentación que reclama a Patrimonio Nacional sobre regalos de la etapa. No hay condena. No hay, todavía, ampliación formal por ese delito. Hay, sí, un portazo procesal a la estrategia de diluir la duda mandándola a Riad.

En política, el mensaje vuela más rápido que el Código Penal. Un expresidente del PSOE, joyas de siete cifras en el despacho, un rescate aéreo de fondo y un juez que se niega a convertir a Arabia Saudí en notario de la defensa. El 29-N no juzga el caso Plus Ultra. Pero la oposición ya tiene el encuadre: mientras se discute la “decencia” en los mitines, en la Audiencia Nacional se discute de estuches, certificados y de un Código de Buen Gobierno que firmó el propio investigado.